La detención y la deportación de inmigrantes subsaharianos y la obsesión paranoica del tirano Teodoro Obiang por las tentativas de golpes de estado
Por Obama Ochinan
Enlazado paradójicamente por aquellos mismos activistas africanos enzarzados en la lucha contra la dictadura en sus propios países, el pregonado panafricanismo de Teodoro Obiang siempre suscitó escepticismo e incredulidad entre los que tienen la desdicha de conocerle bien. Los que han seguido de cerca los pasos del ogro de Akoakam saben que desde que fuera cooptado por el anterior dictador Macías (para las labores de cloaca), nunca se ha ilustrado por su humanismo, ni se ha asociado jamás a ninguna obra benevolente, ni en nuestro País ni, a fortiori, en los demás países africanos. Antes bien, y a pesar de su reconocido talento de disimulación, siempre se ha presentido su implicación en todos los episodios oscuros de la historia de nuestro País (saqueos, conspiraciones, secuestros, tortura, asesinatos, etc). Un historial criminal que poco a poco se está rescatando del olvido merced a las redes sociales, a la incesante labor de algunos activistas, y a la contribución de numerosos testigos directos.
El ascenso fulgurante de Obiang el gabonés lo debe todo a la impostura, a su aptitud a la disimulación. Notorio inepto intelectual, compensado por una legendaria astucia y una ferocidad inigualable, conseguirá usurpar el poder a la junta militar que depuso a Macías, y captar el apoyo de los países vecinos, y en especial el de su mentor Omar Bongo, gran maestro en intrigas políticas, iniciador de los pogroms de inmigrantes subsaharianos (de los que los “ecuatos” fueron siempre las victimas predilectas). De su maestro Omar Bongo, Obiang aprendería la teoría del palo y la zanahoria, mediante la que se corrompe a todo Pueblo, fingiendo hacer el bien para mejor hacer el mal. Obiang el sanguinario siempre se destacara en hacer el mal, hasta convertirlo en lema de vida, e inscribirlo en forma paradójica como lema del recién creado PDGE (siempre en honor a su mentor y al PDG gabonés), su herramienta de control y de sometimiento de sus “pobres mentales”.
Omar Bongo y Obiang, el maestro y el alumno, dos tiranos que han patentado un solo y único modelo de cleptocracia familiar. Tras 42 años de reinado en el país vecino (20 veces más grande que el nuestro y una población apenas superior a la nuestra) explotando ingentes recursos naturales (petróleo, oro, manganeso, uranio, reservas forestales, etc), Bongo lega un país exhausto, con una deuda exterior colosal, y carente de las infraestructuras socio-económicas básicas. Habiendo asignado la inconmensurable riqueza de su País al sostenimiento de su fastuoso tren de vida (el rey Omar fue el primer importador de champan del mundo, gran aficionado a las berlinas rolls royce y precursor de los “Biens mal acquis”), y accesoriamente a la financiación de los partidos políticos franceses. Resumiéndose su legado en un largo elenco de “elefantes blancos”, esas majestuosas obras de infraestructuras inservibles que ahora pululan también por nuestro País, un hotel de lujo en medio de la selva, una central hidroeléctrica disfuncional, palacios vacíos en Siporno, viviendas sociales que se derrumban, aeropuertos inservibles en la selva de Mongomoyen y en corisco, etc. Tal maestro tal alumno.
Omar y Obiang, una similitud de destinos ligada también a la semejanza de la personalidad de ambos dictadores. El alumno Obiang es de tribu esangui del pueblo Koss (Oyem, Gabón), y el maestro Bongo era originariamente de tribu Teke (Congo) y tenía poca raigambre en la parte gabonesa. Lo cual explica una cierta distanciación e indiferencia de ese último para con los designios del Pueblo gabonés, al igual que Obiang lo es para con los del Pueblo de Guinea Ecuatorial. Antes de Obiang, Bongo también tuvo aspiraciones de gran líder panafricanista, que no amo al Pueblo gabonés pero si al africano (al tiempo que también organizo redadas memorables contra los expatriados subsaharianos), al igual que Obiang, que execra a los guineo ecuatorianos pero, pretende amar a los africanos (en realidad los execra tanto como a nosotros, como se ha visto recientemente). Lo cual nos obliga a replantearnos nuestros conocimientos básicos en geografía, para aclarar en que confín de la tierra se sitúan Gabón y Guinea Ecuatorial, si no es en el continente africano. Una mera inadvertencia de ambas eminencias tiranicas.
El panafricanismo de Obiang, otra falacia tendida a la perenizacion de la dictadura.
Si Omar Bongo se granjeó el reconocimiento de las élites intelectuales africanas por su pretendida dedicación al continente africano (Elikia M’bokolo, » Omar Bongo et les défis diplomatiques d’un continent «), tal reconocimiento consagra en realidad su contribución a la preservación de los intereses geo-estratégicos franceses en África.
Merced a lo cual, Bongo aseguraba su perenización en el poder, en detrimento de las legítimas aspiraciones del Pueblo gabonés a la democracia y al desarrollo. De tal manera que el simulado amor de Omar Bongo al continente africano impide la alternancia política en Gabón desde el año 1967 hasta hoy en día! De Bongo el enano teke congolés, al otro Bongo el deficiente mental de Biafra !
El fin justifica los medios, y al mismo fin de perenización de la oprobiosa dictadura ecuatoguineana, Obiang, al igual que su mentor Bongo, consagra los ingentes recursos provenientes de la explotación petrolera al sostenimiento de sendas exigencias de las potencias occidentales (perfectamente identificadas) y a la retribución de una prolija red de lobby internacional (en Estados Unidos, en Francia y por supuesto en España con el rey emérito, bono, Hermosilla, zapatero, Moratinos, y tutti quanti). Correlativamente, y merced al consentido derecho de predacción de los recursos del Estado ecuatoguineano, la comunidad internacional consiente a legitimar la sumisión de nuestro Pueblo a la abyecta dictadura desde hace 43 años.
La diplomacia panafricanista del tirano Obiang, un subterfugio que encubre la represión coordinada de la disidencia política.
Conforme se advierte, toda la acción diplomática de la satrapía (a fortiori la africana) persigue como finalidad su legitimación internacional y su perpetuación mediante una feroz represión de la disidencia política. En tal sentido, las relaciones diplomáticas con los países afines encumbren en realidad un intenso intercambio y una colaboración fluida de sus policías políticas. Esencialmente en los países de la subregión en los que se asienta la disidencia de la diáspora (Gabón, Congo, y Chad), en algunos países del África del oeste (entre Nigeria y Togo), y otros de la zona austral (Sudan del Sur, Zimbabue, Uganda y Suazilandia), en los que la persecución de la oposición es particularmente activa. La conformación de dicha red policial se iniciaría en Marruecos en los años 80, periodo en el que el tirano contrata los servicios del reino alauita para su protección personal y para la formación de su policía política. Posteriormente, merced al acercamiento propiciado en el marco de la francofonía, la política de acorralamiento de la disidencia política cobra mayor vigor a través de una reforzada colaboración con las células homologas de los ante citados países de la subregión (lo cual propiciaría los consabidos arrestos, secuestros, torturas y asesinatos repertoriados por las organizaciones internacionales). Paralelamente, al ritmo del incremento de los recursos petrolíferos de la dictadura, el referido aparato represivo se perfecciona mediante la contratación de asesoramiento técnico (francés, israelí y ucraniano), y la renovada fluidez en los intercambios con grupos para-militares de países con Uganda, Zimbabue y Swazilandia. Pero su mayor baza será sin duda el frenético reclutamiento de una multitud de informadores en el seno de las policías de los países de la subregión, especialmente adiestrados para el seguimiento y el aniquilamiento de la disidencia política (en Gabón, Camerún, Nigeria, Benín, Togo, etc). Una labor asignada a las legaciones consulares y supervisadas simultáneamente por el ministro de seguridad nacional y el de asuntos exteriores
La coordinación de la descrita labor represiva releva sin embargo, y ante todo, de las instancias diplomáticas de la Unión Africana. Para su efectividad, el dictador Obiang propiciara a tal efecto la creación del Comité de los Servicios de Inteligencia y Seguridad en África (CISSA) en 2004 (del que financiara la construcción de su sede en Addis Abeba, así como su presupuesto de funcionamiento). Un ente destinado oficialmente a promover el intercambio de información de inteligencia entre los países africanos en la lucha contra el terrorismo y la delincuencia transfronteriza, en realidad consagrado a coordinar la acción persecutoria contra la disidencia política.
Al mismo fin, el dictador Obiang promoverá la adhesión de nuestro País a los acuerdos de cooperación militar entre Francia y los once países que conforman la Comunidad Económica de los Estados de África Central (CEEAC). Lo cual contribuirá igualmente (de manera solapada) a la descrita labor de represión de la disidencia política, al amparo de su misión oficial de mantenimiento de la paz (en el marco de la UA y de la ONU). A cuyo efecto y al igual para el CISSA, el dictador propiciaría y financiaría la creación de la escuela militar de Tica (Bata) al objeto de reforzamiento de la seguridad naval en el Golfo de Guinea. Cuya construcción costo al erario público de nuestro País la friolera de diez billones de francos CFA, a los que se agregan anualmente todos los gastos de funcionamiento de la misma. En contrapartida, la referida escuela naval responde a la doble exigencia de formación de la élite represiva del régimen y de contribución a la vigilancia y neutralización de la disidencia política.
El insidioso panafricanismo de Obiang, una política de extorsión a los inversores del África subsahariana.
Sin ser especifico a la comunidad de expatriados subsaharianos (al resultar de la inseguridad jurídica generalizada en el País), sin embargo, se advierte que pese al cacareado panafricanismo (y al no menos publicitado nacionalismo económico), el régimen nunca fomento (cuando pudo) el intercambio económico con el resto del continente (cuya proporción es irrisoria), ni garantiza la seguridad jurídica de los inversores africanos asentados en nuestro País. Al igual que desvirtúan toda iniciativa provechosa social y económicamente, los Obiang han espoliado a todos los operadores económicos africanos que invirtieron en nuestro País, Pierre Atepa Goudiaby, Paul K. Fokam, J. Yves Fotso, James Onobiono, Muhamed babangida, Dantata Sawoe, y otros tantos relevantes hombres de negocio africanos que hicieron fortuna en otros países pero que fracasaron en el nuestro, víctimas de la extorsión de los Obiang (como lo son todos los inversores que se implantan en nuestro País).
En efecto y pese a la existencia nominal del vigente ordenamiento (normativa de las Naciones Unidas y de la Unión Africana, acuerdos de libre circulación CEMAC, normativa interna sobre fomento y protección de la inversión, normativa sobre derechos fundamentales, leyes de extranjería, etc), la dictadura se ha caracterizado desde siempre por su irreverencia a la Ley (tanto respecto de los nacionales como de los expatriados) y por su desconsideración a los países amigos y a la comunidad internacional en general. Con lo cual no sorprende (salvo por su inaudita brutalidad y su amplitud) la actual campaña de opresión contra los extranjeros subsaharianos, expuestos desde siempre y como todos a la extorsión permanente y a constantes humillaciones, ante la indiferencia, por supuesto de las instituciones nacionales, de los representantes diplomáticos de sus propios países, y de las agencias de la ONU (vergonzosamente enfeudadas a la familia dictatorial, véase el caso de la UNESCO).
La detención y deportación de africanos con arraigo social en nuestro País, ante todo un insulto a sus países de origen, a las instituciones subregionales y a la Unión Africana.
A tenor del comunicado oficial de la Oficina de Información y de Comunicación Diplomática (fechado el 5 de los corrientes), “tras comprobar los servicios competentes un excesivo número de expatriados en el territorio nacional, y tras comprobar que los mismos entraron fuera de los puestos fronterizos oficialmente habilitados, el gobierno ha decido hacer uso de su competencia soberana y ha decidido proceder a su devolución a sus respectivos países”.
No merece abundarse sobre el carácter lacónico del mencionado comunicado suscrito por un ente inexistente, y dimanante de la misma mente esquizofrénica del dictador. Por cuanto para comprobar la veracidad del alegado “excesivo número de expatriados presentes en el País” debieran proveerse datos estadísticos sobre su número exacto, y más concretamente del de los subsaharianos (única comunidad afectada). En relación por tanto con la alegada presencia excesiva de expatriados en el suelo patrio, es de lamentar que el comunicado no se dignase en precisar a cuantos expatriados se había detenido (si bien las imágenes difundidas atestan el carácter masivo y brutal de las detenciones), ni a cuantos se había deportado.
Asimismo, respecto del exigible recuento de los expatriados y de la política en materia de extranjería, debiera darse una definición de la aludida noción de umbral de tolerancia de la inmigración (cuantos hay, y cuanto debe haber para que se estime superado el umbral de tolerancia y se justifiquen las deportaciones). Sin embargo, la dictadura de Obiang se avera incapaz de satisfacer a dicha exigencia de transparencia y no esta en medida de proveer datos estadísticos que avalen mínimamente una actuación indigna de un estado de derecho y atentatoria de la normativa internacional.
Derivativamente, es infundada e ilógica la afirmación según la cual todos los detenidos y deportados se hallaban en situación irregular. Siempre que la dictadura incumple manifiestamente la exigencia legal de instrucción de expediente administrativo contra cada presunto infractor de la ley de extranjería (en este caso contra cada detenido deportado). Lo cual confina a la improcedencia de las alegaciones gubernativas en relación a la situación administrativa de los encausados. Por ende, y ante la referida inexistencia de antecedentes administrativos, la alegación gubernativa a tenor de la cual los encausados “entraron fuera de los puestos fronterizos oficialmente habilitados” es totalmente irrelevante. Sin embargo, y conforme se deduce de las declaraciones de los mismos afectados y de sus familias, así como de los comunicados de algunas legaciones consulares, la mayoría de ellos se hallaban residiendo regularmente en el País, con arraigo profesional (trabajando a cuenta propia o asalariados en empresas) y familiar (muchos de los detenidos acreditan tener a su cargo esposas e hijos guineanos).
En fe de las descritas circunstancias, la actuación del gobierno dictatorial (detención y deportación) incurre en una manifiesta e incuestionable violación del ordenamiento internacional transcrito en el orden interno. Toda vez que a tenor del artículo 46 de la vigente ley de extranjería (número 3/2010, de fecha 30 de mayo) invocada en el comunicado, encontrarse irregularmente en territorio nacional, o trabajar sin el correspondiente permiso, constituye una infracción administrativa grave (no delictiva) que será sancionada con multa de 500.000 a 3.000.000 FCFA en el correspondiente proceso administrativo, en el que debe garantizarse el derecho del infractor a la tutela judicial efectiva del artículo 13 inciso j de la Ley Fundamental. Cabiendo al infractor el derecho de recurrir, con arreglo a la ley, las resoluciones administrativas que estime desajustadas en derecho (artículos 15 y ss. de la ante citada ley de extranjería, en relación con la vigente ley de procedimiento administrativo).
La repentina escalada xenofóbica del régimen y la obsesión paranoica de los golpes de estado.
En el feudo del dictador que en 43 años pretende haber desactivado más de 50 tentativas de golpes de estado, todo opositor político relevante es acusado en algún momento de fomentar o estar implicado en una tentativa de golpe de estado. Lo es también cualquier personalidad pública de primer plano sobre la que se alberguen sospechas de disidencia política. Lo es en definitiva, por asociación, toda persona con vínculos, directos o indirectos, personales o profesionales u oficiales, o que haya interactuado con personas presuntamente implicadas en la realización de actos preparatorios tendidos en la perpetración de un golpe de estado (aun cuando la sospecha o la condena de tales personas resulte de confesiones arrebatadas bajo la tortura, como es el caso en todos los procesos seguidos hasta ahora por dicho tipo penal).
En el presente caso, las interpelaciones masivas se iniciaron a raíz de un informe del ministro de seguridad exterior, Juan Antonio Bibang Nchuchuma, y del consejero presidencial Angel Esono Nsuga, quienes pretendían haber descubierto una infiltración masiva de extranjeros subsaharianos en los bosques y las playas adyacentes a la ciudad de Malabo (su medio de vida y el de numerosos falsos opositores escudados tras una enemistad de fachada con la familia del dictador). Sosteniendo al efecto que dicha horda de mercenarios había sido reclutada por un multimillonario británico asentado en la vecina república de Nigeria (Mark Thatcher bis u otro personaje de leyenda), en complicidad con el opositor de la diáspora Salomón Abeso Ndong (presidente de la CORED, condenado con anterioridad por su implicación en la precedente tentativa abortada de 2017). En realidad, una grotesca manipulación que ha suscitado el nerviosismo delirante de un dictador moribundo y de su hijo cocainómano, tras la entrevista del precitado líder de la CORED en la revista Jeune Afrique del día 14 del pasado mes de octubre. Con ocasión de la misma, el interesado afirma plantearse la deposición del tirano por la fuerza (a defecto de propiciar una transición democrática) merced a sus contactos con algunos oficiales del ejército nacional, con los que se dispondría a neutralizar a la guardia pretoriana del dictador, compuesta por mercenarios de Zimbabue, Uganda, Ucrania.
Unas declaraciones beligerantes por tanto impropias de la contienda política republicana a la que se predispone la CORED, en la medida en que podrían hacer suponer la inminente realización de actos preparatorios tendidos a la comisión de delitos contra las instituciones legitimas de un Estado soberano (en la medida en que éstas son reconocidas en el orden internacional). Por tanto una deplorable falta de precaución oratoria que ha conllevado el antes descrito clima persecutorio contra los expatriados y, recíprocamente, una violenta hostilidad de varios países africanos hacia las comunidades nacionales asentadas en los mismos (compuestas esencialmente de comerciantes y de estudiantes). Una ciega e irreflexiva represalia que se abate, por defecto, sobre unos compatriotas desprovistos de asistencia diplomática (cuya misión es reprimir a la disidencia, véase ut supra), cuando pudiera contribuir a desacreditar y erosionar un poco más la siniestra imagen de la tiranía de los 43 años.
Epilogo.
Al igual que lo revelara la triste masacre de Nkoantoma, la actual persecución de la comunidad expatriada africana sugiere nuevamente la inapelable inaptitud de TNO a asumir la responsabilidad de su cargo de responsable de defensa y seguridad nacional. Por razón de su escasa capacidad intelectual y su degradado estado mental consecutivo al excesivo y prolongado consumo de estupefacientes desde su temprana edad. A fortiori, y por razón de la descrita indignidad personal, TNO debiera apartarse de toda gestión pública, a la que fue asociado únicamente por razón de su vínculo filiatorio con el actual tirano, al igual que todos los demás integrantes de la familia del dictador Obiang. A cuyo efecto y mientras persisten los rumores sobre el hipotético fallecimiento (en Moscú o en Abou Dhabi) o la sobrevenida e irreversible incapacidad física del tirano, se requiere perentoriamente, ante el prevaleciente caos político, una concertación de todas las fuerzas progresistas de nuestro País en aras de propiciar una transición pacifica e inclusiva.