Las memorias anuales del presidente de la corte suprema de justicia (PCSJ), del fiscal general de la República (FGR), y el discurso de circunstancia del dictador, así como las derivadas remociones del personal jurisdiccional (cuando el dictador no se arroja la potestad de “disolver” el poder judicial) constituyen tradicionalmente el marco de evaluación retrospectiva del estado funcional del sistema judicial. En la ceremonia de apertura del año judicial correspondiente al presente ejercicio 2021, las mociones de los representantes del estamento judicial se ciñeron (como de costumbre) a su afán de magnificar su sumisión al “primer magistrado de la nación“, y de corroborar la sempiterna critica de éste en relación a la falta de ética y la corrupción de los detentores de la justicia (las ” sabias orientaciones” fueron leídas esta vez por el mismo PCSJ ante la inasistencia voluntaria del “ mejor hombre” de Guinea Ecuatorial).

Al margen del referido ceremonial, la evocación del balance del concluso ejercicio judicial 2020 trae (fatalmente) reminiscencias de la tentativa de asesinato del ex PCSJ Juan Carlos Ondo Angue (perpetrada en la noche del 11 de febrero). La misma fue ordenada por el dictador y fue malograda in extremis merced a la presencia en el domicilio del interesado de los embajadores de España, Francia y Estados Unidos, que forzaron el levantamiento de la operativa militar. Para justificarse, la dictadura pretendió requerir la comparecencia del interesado en el marco de unas presuntas diligencias seguidas ante el ministerio de seguridad en relación a la tentativa de golpe de estado de diciembre de 2017. Siempre que con anterioridad fueron oídas en declaration  numerosas personalidades presuntamente relacionadas con los protagonistas de la trama, tales como Teresa Efua (presidenta del senado), Marcelino Nguema Onguene (defensor del pueblo, qepd), Clemente Engonga Nguema Onguene (ministro de educacion), Marcelino Owono Edu (consejero presidencial), Milagrosa Obono Angüe (tesorera), Carlos Nze Nsuga (ex decano de la UNGE, asistente del finado defensor del pueblo) y algunos altos mandos militares. En realidad, y no pudiendo probarse vinculo alguno entre el ex PCSJ y la repetida trama, su asesinato fue ordenado en el marco del plan sucesorio, siempre que su notoria disensión con la política judicial de la dictadura le granjeo reconocimiento y prestigio.

El desapego de Ondo Angue a los valores éticos y morales del régimen, y su cuestionamiento de la política judicial, se enmarcan en la corriente disidente iniciada por algunos de sus antecesores en los albores de la actual dictadura militar, cuyos lineamientos nos proponemos exponer en la presente publicación. En la medida en que, y a pesar del proclamado apolitismo de los jueces y magistrados, la función del sistema judicial se antoja trascendente en orden a la defensa de los referidos valores politicos que sustentan la dictadura. En tal sentido, el sistema judicial ejerce, por defecto, una función política.

Una política judicial enmarcada en un normativismo de fachada y tendida a perpetuar la inseguridad jurídica imperante
Desde que el dictador Obiang, entonces teniente coronel, depusiera al anterior dictador macias, la política judicial ha consistido, por una parte, en la enunciación de un estatuto orgánico garante de la independencia del poder judicial, consagrado por la Ley Fundamental (LFGE) y transcrito mediante la ley orgánica del poder judicial (LOPJ), y por otra, la firme obstrucción a su eficacia normativa, justificada mediante una pretendida falta de idoneidad del personal jurisdiccional. Tal es así que  el órgano de gobierno instituido como garante de la independencia del poder judicial, el consejo superior del poder judicial (CSPJ), no ejerce precisamente la potestad deliberante o resolutiva en la definición de la política judicial (referida a la organización y la ejecución del proceso selectivo y formativo de los magistrados y jueces y del plan de carrera, el ejercicio de la función disciplinaria y de inspección, y la previsión y ejecución del presupuesto de dicha institución). Toda vez que el dictador (que lo preside, en virtud de la LFGE) ejerce (arbitrariamente) todas las atribuciones inherentes a dicha función.

En virtud de la referida suplantación funcional, el dictador nombra y cesa discrecionalmente a jueces, magistrados y fiscales (en virtud del articulo 41 inciso h, al asimilarse a cargos subalternos de la administración central), obviando todo requisito previo de mérito, formación o experiencia en el ejercicio de profesión jurídica, pese a la existencia nominal del llamado Instituto de Practica Judicial. Tal designación a cargo jurisdiccional no implica adscripción al estatuto funcionarial, siempre que dicha precariedad estatutaria contribuye al reforzamiento del vinculo de sumisión. Por ende, el dictador ejerce la potestad disciplinaria relativa al personal jurisdiccional, al margen del principio contradictorio regulado en la vigente LOPJ, y sobre la única base de las acusaciones vertidas por la policía política (la llamada seguridad nacional). La consabida acechanza de dicha organización represiva ha conllevado, a menudo, detenciones arbitrarias, torturas, y en ocasiones el asesinato de jueces, tal como en el caso del finado Jose Esono Ndong Bindang, torturado hasta la muerte por orden de Nicolas Obama Nchama (mientras el dictador celebraba la VI mesa de dialogo nacional con la oposición !). En la ejecución de dicha macabra labor, los sicarios del dictador son secundados por el FGR, cuya función primaria es la persecución y represión de la disidencia política (y no el ejerció de la acción penal en defensa de la Ley).

La referida suplantación de la función de gobierno transcribe el animo de subyugación del estamento judicial y conlleva, conforme exponemos, la inseguridad jurídica y la arbitrariedad, en aras de la impunidad del dictador y de su familia, en relación a un largo elenco de actuaciones delictivas (versadas sobre malversación y blanqueo de caudales del Estado) en las que se ha acreditado inequívocamente su autoría (mediante sendas sentencias recaídas en procesos judiciales seguidos en el extranjero). Toda vez que la descrita subordinación conlleva la renuncia del ministerio publico a ejercer la preceptiva acción penal contra el dictador y otros relevantes cleptómanos, en violación del deber que le impone la Ley.

Una política judicial cuestionada por las autoridades jurisdiccionales.
Si bien el descrito contexto organizativo ha propiciado desde siempre el servilismo de los representantes del estamento judicial (sobre todo de los jerarcas del PDGE como Silvestre Siale Bileka, Jose Olo Obono, Sergio Abeso Tomo, Martin Ndong Nsue, etc), sin embargo, algunos de ellos se han desmarcado por su cuestionamiento de la descrita política judicial, de entre los que citaremos como ejemplos (por razones que luego exponemos) a los ex PCSJ Leoncio Edjang Avoro y Juan Carlos Ondo Angue, y al ex FGR Eloy Elo Nve.   

Leoncio Edjang Avoro (qepd). Al mismo tiempo PCSJ y secretario técnico del ministerio de justicia bajo el gobierno del consejo militar supremo, intervino en la primera ceremonia de apertura del año judicial presidida por el dictador en fecha 20 de marzo de 1982. Durante la cual el dictador se comprometió a convertir a guinea ecuatorial en un estado de derecho y a separar las funciones del poder ejecutivo y del poder judicial. En respuesta a la insidiosa promesa del dictador, Leoncio Edjang Avoro expresó con valentía su preocupación debido a que “ciertas autoridades de la administración del Estado impartan ilegalmente la justicia, tomen la justicia por su mano, coaccionen e intimiden a los jueces y magistrados y abusen  de su autoridad para dejar sin ejecutar las sentencias“. Edjang Avoro afirmo en su virtud que era necesario que la apertura del nuevo año judicial significara “el comienzo absoluto e incondicional del respeto a los derechos humanos, consagrándose el principio de igualdad ante la ley para todos los ciudadanos, el respeto y subordinación a esta, así como la exigencia de responsabilidades a quienes la incumplan“.

Tras ser relevado, en represalia a su osadía discursiva, y sustituido por Mariano Nsue Nguema, la situación funcional del poder judicial permanecería sin embargo incambiada, al tiempo que el dictador seguiría reiterando invariablemente su compromiso de adecuarlo al mandato de la Ley Fundamental, sin llevarlo a efecto. Antes de su fallecimiento, Edjang Avoro fue rehabilitado social y profesionalmente, y ejerció el cargo de registrador de la propiedad en Malabo. Con tal ocasión, el dictador intentó imputarle (sin motivos ni razones) la responsabilidad por la condena de nuestro pais en el proceso que le oponía al banquero camerunés Yves Michel Fotso, por cuanto en dicha calidad de registrador, había consentido la inscripción de la filial ecuatoguineana del banco Commercial Bank en el registro mercantil, a petición del notario Pedro Nsue Ela Eyang, alias sirpier (notorio elemento de la seguridad), quien a su vez cumplía instrucciones de TNO y del entonces ministro de economía y hacienda Baltasar Engonga Edjo (a los que había agasajado el banquero camerunés mediante una suculenta propina). A pesar de ello, se recuerda la emoción fingida del desalmado dictador mientras asistía al homenaje póstumo organizado en memoria de Leoncio Edjang Avoro, en el que afirmó recordar al finado como a una de las personas que habían contribuido al advenimiento del estado de derecho en nuestro pais.

Eloy elo nve (qepd).Personalidad controvertida, abogado defensor de Macías en el proceso previo a su ejecución, impulsor de la constitución de 1982 (carta magna de Akonibe), artífice de la creación en 1986 del partido único PDGE, considerado como el ideólogo del régimen y del multipartidismo a la ecuatoguineana. Ministro y FGR antes de ser co-fundador, junto con Bonifacio Nguema Esono y Felipe Ondó Obiang, del partido Fuerza Demócrata Republicana (FDR) el 4 de septiembre de 1995. Posteriormente se desligó del mismo y fundó el partido para el desarrollo (PPD) en 2001. Tras muchos años de exilio en España regreso a Guinea y falleció poco tiempo después en Marruecos el 11 de mayo de 2009 (en circunstancias pendientes de dilucidar).

En el ámbito judicial y en tanto que FGR, Elo Nve se ilustro en su discurso con ocasión de la apertura del año judicial el dia 7 de enero de 1995, en el que critico la inseguridad jurídica propiciada por la corrupción generalizada de los jueces. Afirmo a tal efecto que “no era posible asegurar el imperio de la Ley, característica esencial de todo Estado democrático, sin unos tribunales de justicia que actuasen con arreglo a la Ley”. En el ámbito de la relación entre el ministerio fiscal y el ministerio de justicia, formulo su deseo de que ésta “fuera de coordinación y no de dependencia orgánica ni funcional”. Al tiempo que exigió la equiparación entre las funciones de PCSJ y de FGR en cuanto al tratamiento salarial y protocolario (en referencia al derecho comparado de los países francfonos).

La diatriba del FGR Élo Nve contra los jueces suscitó una innegable expectación, en la medida en que ponía de relieve por primera vez la disfuncionalidad institucional del régimen, concretamente de su política judicial, y por cuanto expresaba (también por primera vez) la disidencia de un relevante ideólogo del PDGE. Si bien la referida invectiva ha podido encararse retrospectivamente como una renuncia al deber que la ley impone al ministerio publico (cuyo representante es el FGR) de promover la acción penal en defensa de la ley y del interés público, de oficio (cuando tuviera, como en ese caso, noticia de haberse perpetrado un delito) o a petición de parte interesada.

Juan Carlos Ondo Angue. Magistrado sin vinculación política, fue designado al frente del poder judicial al término de su enésima disolución en mayo de 2015 (tras ejercer las funciones de magistrado del tribunal constitucional, del tribunal de cuentas de la CEMAC y de fiscal general adjunto), al objeto de restaurar la normalidad funcional del sistema judicial mediante la aplicación de las consabidas consignas políticas del dictador (que reconducen las mismas causas para producir los mismos efectos, en aras de perpetuar el status quo).

Desmarcándose de tales lineamientos, el entonces PCSJ Ondo Angue planteo sin embargo al dictador la imposibilidad de atajar las causas disfuncionales del poder judicial sin previamente proceder al empoderamiento del CSPJ, en referencia a las conclusiones de la conferencia sobre la justicia (celebrada en el año 2003), y del informe de la asesoría técnica del consejo general del poder judicial español (elaborado en el año 2007 por el magistrado Wenceslao Francisco Olea Godoy en el marco del proyecto sobre fortalecimiento del estado de derecho en Guinea Ecuatorial). Consecuentemente, Ondo Angue propicio la organización de un seminario sobre la reforma del CSPJ, cuyas conclusiones (consensuadas en junta por todos los jueces y magistrados integrantes del poder judicial) fueron transmitidas a la comisión gubernativa designada para acometer el anteproyecto de reforma del susodicho órgano, integrada por el entonces FGR david nguema obiang, la ministra y el vice ministro de justicia, respectivamente Evangelina Filomena Oyo Ebule y Juan Olo Mba Nzeng, el presidente del tribunal constitucional (PTC) Salvador Ondo Ncum, y el defensor del pueblo Marcelino Nguema Onguene (qepd).

A tenor de las referidas conclusiones, Ondo Angue planteó la pertinencia de otorgar la debida eficacia normativa al precepto constitucional de independencia judicial, el cual presupone la autonomía organizativa y funcional de su órgano de gobierno (¡condicionante de la independencia del garante de la independencia!). Toda vez que la Ley Fundamental (a la que incumbe determinar las atribuciones y la composición de todas las instituciones y órganos que contribuyen al ejercicio de la soberanía del Estado) define voluntariamente de manera lacónica el cometido y la composición del CSPJ (y relega ésta a una ley orgánica). Lo cual posibilita, y de hecho conlleva, la traslación de sus atribuciones al dictador, y confina a la persistencia de los consabidos factores disfuncionales, tales como la inadecuación del proceso selectivo y formativo, la inexistencia de un plan de carrera y la consecuente precariedad estatutaria, así como la ineficiencia de la función disciplinaria y de inspección.

A propuesta del entonces PTC Salvador Ondo Ncum y de la ministra de justicia Evangelina Filomena Oyo Ebule, la comisión de reforma acordó sin embargo, en aras del reforzamiento de la dependencia del poder judicial al dictador, que el CSPJ (presidido por el dictador) integrara en su composición al ministro y al vice ministro de justicia, al FGR, al PTC, al decano del colegio de abogados, al defensor del pueblo, a dos parlamentarios del PDGE, y al PCSJ como único miembro judicial. La propuesta preveía asimismo la alternancia de tales integrantes en el ejercicio de las funciones de vicepresidente del CSPJ. 

La referida propuesta interpretativa fue rebatida por Ondo Angue, quien adujo que la adjunción (mediante una ley orgánica) de la función de gobierno del poder judicial a los referidos órganos (PR, PTC, FGR, miembros del gobierno y del parlamento) extralimita el ámbito competencial que la Ley Fundamental les asigna. Por ende, en lógica con el principio de separación de poderes y de exclusividad del mandato conferido al CSPJ, éste debía ejercerse sin la concurrencia o interferencia de otros órganos, mediante la inclusión de dos categorías de vocales, de turno judicial y de turno de designación de entre juristas independientes. Concluyendo el entonces magistrado-presidente que debía, en su virtud, tenerse la propuesta reforma por inconstitucional. Tal posicionamiento del entonces PCSJ en defensa de la normatividad de la vigente Ley Fundamental (y por tanto del estado de derecho) supuso un indiscutible cuestionamiento de la política judicial del régimen dictatorial, el cual marcaría el inicio de la campaña de persecución de la que es objeto (mientras que la incongruente propuesta de reforma sugerida por Salvador Ondo Ncum y Evangelina Filomena Oyo Ebule seria ratificada sin mas circunloquios).    

En relación a la transcrita pugna por el ejercicio de la función de gobierno, referida al ejercicio de la potestad disciplinaria, el magistrado-presidente Ondo Angue puso igualmente de relieve la impertinencia de la política gubernativa de lucha contra la corrupción en la administración publica, y mas concretamente en el sector judicial. En efecto, frente a la consternación suscitada en la ciudadanía por la amplitud de la malversación de fondos públicos (acometida, conforme exponemos, por el dictador y su familia) y su blanqueo en Francia, Estados Unidos, Suiza, y en numerosos paraísos fiscales, el dictador ha venido enlazando un discurso demagógico centrado en la critica de la corrupción acometida por los titulares de los órganos inferiores de la administración publica. En el concreto ámbito judicial, y al no haberse iniciado la preceptiva acción publica para la identificación de los presuntos implicados en la sustracción de caudales públicos, las misiones internas de inspección pusieron sin embargo de relieve la desemejanza entre la amplitud (insignificante) del fenómeno y la percepción social del mismo. La cual se deriva de la campaña de estigmatización acometida precisamente por el instigador y encubridor de la corrupción: el mismo dictador (conforme atestan las sentencias dictadas por la justicia francesa contra TNO y las investigaciones en curso contra Gabriel Obiang Lima).

En objeción a la descrita política de delación y estigmatización, Ondo Angue requirió públicamente al FGR al cumplimiento de su deber de activar la correspondiente acción penal (individual y personal) contra todos los funcionarios públicos presuntamente implicados en la malversación de caudales públicos, en aras de la protección de los intereses del Estado. Al tiempo que le exhorto a observar estrictamente el fundamentalísimo derecho a la presunción de inocencia del artículo 13 inciso j de la Ley Fundamental. Por cuanto la pretensión acusatoria (ya fuera a iniciativa del Estado) no constituye prueba de culpabilidad penal, sino que ésta debe resultar preceptivamente de una sentencia judicial al término de un proceso justo (unas garantías procesales de las que se prevalió TNO ante la justicia gala !).

En la medida en que la dictadura legitima la subyugación del poder judicial mediante su desacreditación social y la traslación de sus atribuciones al TC, al parlamento y a la defensoría del pueblo, en aras de la erradicación de la derivada inseguridad jurídica, el ex PCSJ Ondo Angue propicio un coloquio sobre la mediación publica. El cual tuvo lugar en la sede de la corte suprema bajo su moderación, y al que participaron delegaciones de la defensoría del pueblo, de la cámara de los diputados y del senado, del tribunal constitucional y la anfitriona del poder judicial. Al termino de intensas y fructuosas deliberaciones (íntegramente difundidas por los medios oficiales), los ponentes acordaron (por unanimidad) que la acción mediadora de la comisión de quejas y peticiones y de la defensoría del pueblo, en la medida en que interfería con la función judicial, había derivado en una extralimitación, procediendo por tanto recuadrarla en los limites fijados por la Ley Fundamental. Pese a la reconocida contribución de la descrita actividad doctrinal a la optimización de las relaciones interinstitucionales, la misma suscito la reprobación del dictador.

En el mismo sentido, en relación a la delimitación de los respectivos ámbitos competenciales del tribunal constitucional y de la corte suprema de justicia, el ex PCSJ Ondo Angue requirió una redefinición del marco de actuación de la jurisdicción constitucional en la sustanciación de los recursos de amparo contra sentencias firmes de la CSJ. Toda vez que, valga la tautología, la sustanciación del proceso judicial incumbe a los órganos judiciales, y el control de aplicación de las leyes garantes de un proceso judicial justo incumbe a la máxima jurisdicción judicial (la CSJ) en el cauce del recurso de casación, y subsidiariamente a los órganos inferiores a través de los recursos interlocutorios taxativamente enumerados en las vigentes leyes procesales. Por tanto, la competencia subsidiaria (eventual) conferida en la materia al TC, mediante el recurso de amparo constitucional (RAC), conlleva la traslación de la potestad nomofilactica a la jurisidiccion constitucional, merced a la incuestionable duplicidad entre el proceso de amparo constitucional y el de casación (probada y documentada en derecho comparado). Por ende, la intrusión del TC en la función judicial, posibilitada por el referido RAC, confina al cuestionamiento de la autoridad de cosa juzgada conferida a las sentencias judiciales, la cual deriva de la exigencia de seguridad jurídica (derecho a la ejecución de sentencia firme y a la intangibilidad de los derechos adquiridos).

La descrita judicialización del TC (merced al RAC) compensa en realidad la inexistencia de contencioso constitucional (ver supra la inexistencia de control del ejercicio de la potestad normativa del dictador) y se justifica únicamente por la disfuncionalidad del poder judicial, inducida a su vez por la política judicial de la dictadura. Por ende, la inducida dualidad casacional (TC y CSJ), fundada en una delimitación implícita, se ha justificado igualmente mediante el reconocimiento de la inseguridad normativa y la derivada exigencia de conciliación del vigente ordenamiento. Un ordenamiento articulado esencialmente en torno a las leyes legadas por la colonización española y la normativa internacional suscrita tras el advenimiento de nuestro país a la soberanía internacional. Toda vez que el anacronismo de unas y la disgregación de otra representan una rémora para una interpretación sistémica e integrada del ordenamiento. Desafortunadamente, y conforme atesta su balance al termino de 25 años de existencia, el TC no ha cumplido tales expectativas, sino que ha avivado las tensiones entre ambos ordenes jurisdiccionales, reforzando asi, de manera decisiva, la inseguridad jurídica prevaleciente.  

La manifestación mas clamorosa de la aludida tensión entre la CSJ y el TC se produjo a través de la exhortación del ex PCS Ondo Angue al FGR, al objeto de instar la nulidad de la declaración de inconstitucionalidad de la ley de procedimiento laboral acordada de oficio por la jurisdicción constitucional (mediante sentencia recaída en un proceso de amparo). Al inexistir cauces impugnatorios para enmendar dicha aberratio juris, la misma dio lugar a interminables elucubraciones en el marco de la enésima comisión especial (presidida esta vez por Teresa Efua Asangono, e integrada por Pascual Obama Asue, Vicente Ehate Tomi, Marcelino Nguema Onguene, Clemente Engonga Nguema Onguene, Santiago Nsobeya Efuman, Miguel Edjang Angue, y Tomas Esono Ava), ante la que comparecieron los ex PTC y PCSJ. A colación del informe del ex PCSJ la comisión convino que la referida sentencia de amparo incurría en incuestionable nulidad de pleno derecho, al acaecer en manifiesta violación del artículo 102 de la LFGE (que otorga la potestad de iniciación del recurso de inconstitucionalidad al presidente de la república, al vicepresidente, al primer ministro, al FGR y a los parlamentarios). Asimismo se relevó que la imprecisión formuladora del inciso b del punto 2 del artículo 101 de la LFGE no contradecía el punto 1 del mismo articulado, y no facultaba desde luego a la declaración de inconstitucionalidad de la ley en el marco del procedimiento de amparo constitucional. Toda vez que en su desarrollo precisa el artículo 33 de la ley orgánica del TC (LOTC) que relevan del recurso de inconstitucionalidad, las leyes, sean orgánicas u ordinarias, las normas y actos con fuerza de ley, las disposicionesnormativas de carácter general, cualquiera que fuera la instancia que las hubiere adoptado, y los reglamentos orgánicos. En su virtud y en aras del restablecimiento de la legalidad constitucional quebrantada por el TC, la comisión acordó la conveniencia de notificarse la mentada sentencia de amparo al FGR, al objeto de su impugnación.

Epilogo.
La transcrita actividad institucional constituye el reflejo fiel del estado funcional del sistema judicial, una realidad a las antípodas del apologismo oficial y de la condescendencia de algunas organizaciones internacionales. En tal sentido, la descrita brutalidad represiva esgrimida por el regimen contra la disidencia judicial da fe de la trascendencia de la función judicial en aras de la afirmación del estado de derecho. Toda vez que incumbe al sistema judicial (y a fortiori a sus representantes) la función política de suplir la decadencia de los valores éticos y morales mediante la interpretación sistemática y convergente de la ley y de la normativa internacional.


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