En represalia a Brasil, la dictadura de Guinea Ecuatorial decretó la congelación de bienes y cuentas bancarias de tres contratistas brasileños que operan en el país. La medida es diferente de otras fases de la relación entre los países que, especialmente durante el primer y segundo gobierno de Lula, fueron estrechas.
La reacción de la Justicia de Malabo, sometida a Teodoro Obiang Nguema Mbasogo -el dictador más longevo del mundo- contra las empresas ARG, Zagope y OAS se produce en respuesta a la operación de la Policía Federal que apunta a uno de los hijos de Obiang, conocido como Teodorín.
Itamaraty declaró a Folha de São Paulo que el Gobierno sigue con preocupación las decisiones de los tribunales guineanos, que ignoran el hecho de que los bienes confiscados no son propiedad del Estado, al fin y al cabo son privados.
En Brasil, la operación bautizada como #LuxuryLiving apuntaba al presunto blanqueo de capitales en la compra de un piso en una zona privilegiada de São Paulo, en 2007, por 15,6 millones de reales de la época -Guinea Ecuatorial alega que el inmueble era para uso diplomático-. El piso de la calle Haddock Lobo ha sido bloqueado, al igual que los coches de lujo de Teodorín que allí se guardaban. La investigación sigue abierta y depende de los meandros de la cooperación internacional.
La investigación también analizó otros bienes, posiblemente de origen ilícito, incautados al hijo del dictador en 2018 en el aeropuerto de Viracopos, en Campinas, cuando ocultaba bienes a la aduana.
En total, en la incautación de 2018 se le encontraron 1,4 millones de dólares en efectivo y 20 relojes de lujo, valorados en 15,4 millones de dólares. La operación recibió entonces el nombre de Salvo Conduto.
En la decisión de la Justicia del país africano compartida por el propio Teodorín en las redes sociales, un juez de primera instancia reclama que se indemnice por los daños y perjuicios causados por Brasil a Guinea Ecuatorial. El gobierno estima los daños en unos 80.000 millones de francos CFA (640 millones de reales).
Teodorín, considerado el número 2 del régimen, subió la apuesta. «Lo único que han conseguido el gobierno y la Justicia de Brasil es perjudicarse a sí mismos», escribió. «Esperamos que la decisión sirva de lección para que en el futuro sepan medir la consecuencia de sus actos». En otro mensaje en Twitter, afirmó que «es una pena haber llegado al extremo con Brasil, a pesar de las buenas relaciones que veníamos manteniendo». «Un asunto que podría haberse resuelto fácilmente provocó reacciones drásticas que sacudieron la economía de las empresas en Brasil».
También dijo que lo que él llama represalia permitió recuperar «cinco veces el valor de los objetos [incautados]».
La Policía Federal lanzó en diciembre una operación transnacional para investigar un posible delito de blanqueo de dinero cometido por Teodorín. Las órdenes de registro e incautación se cumplieron gracias a la cooperación entre la Policía Federal de Francia, Portugal y Suiza.
Este reportaje buscó a las tres empresas sancionadas por la Justicia de Malabo, a través de los contactos disponibles en sus páginas web oficiales, pero no obtuvo respuesta hasta la publicación de este texto.
Representantes de Brasil y Guinea Ecuatorial deben reunirse en la próxima cumbre de la CPLP (Comunidad de Países de Lengua Portuguesa), grupo al que pertenecen los dos países, aunque en la nación africana la lengua predominante es el español. La reunión tendrá lugar en Santo Tomé y Príncipe en agosto de este año.
El Presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ya ha confirmado su participación. El líder del PT es visto por algunos dirigentes del bloque como una pieza clave para poner en marcha la alianza lusófona, aunque entre el personal de las misiones diplomáticas hay escepticismo al respecto. En 2010, al final de su segundo mandato, acudió a Guinea Ecuatorial, bajo críticas. Brasil fue uno de los garantes de la entrada del país en la CPLP. En el momento de la visita, el entonces canciller Celso Amorim, hoy asesor especial de la Presidencia, dijo que los negocios eran los negocios.
«Estamos en un continente en el que los países se independizaron no hace mucho», dijo entonces. «El aislamiento sólo les hace más dependientes de los demás y quizá incluso más alejados de lo que queremos».
Las empresas objeto de las sanciones se dedican a la construcción, un sector en el que la presencia del sector privado brasileño creció en Guinea Ecuatorial a principios de este siglo, pero que ha menguado con el paso de los años y los escándalos de corrupción locales. Todos tienen también negocios en otros países africanos. ARG estuvo en el centro de una causa penal contra Lula que tuvo lugar en São Paulo y se cerró en agosto de 2021. En el caso, el miembro del PT fue acusado de lavado de dinero a través de donaciones hechas al Instituto Lula por el contratista.
Teodorín, protagonista del embrollo, ya ha sufrido sanciones y condenas en Reino Unido, Estados Unidos y Francia bajo la acusación de que pagó coches, inmuebles y ropa con dinero procedente de la corrupción en su país, en el que el petróleo domina la economía. El hijo de Obiang parece haber utilizado tácticas similares a las que emplea ahora con Brasil para presionar a otros países. Amenazó, por ejemplo, con cerrar la embajada francesa poco antes de ser condenado por blanqueo de dinero en 2021 y de que se le confiscaran bienes.
MAYARA PAIXÃO y FABIO SERAPIÃO / Folhapress