En noviembre de 2019, el Fondo Monetario Internacional aprobó un préstamo a Guinea Ecuatorial que, entre otras condiciones previas muy específicas, instaba al Gobierno de Guinea Ecuatorial a “fortalecer el estado de derecho mediante la aplicación efectiva de las leyes existentes…”.
Sin embargo, hasta ahora, Guinea Ecuatorial sigue estancada en sus viejas costumbres, ignorando el debido proceso básico y abusando de los derechos humanos fundamentales.
El activista de derechos humanos Joaquín Elo Ayeto, fundador del grupo de activismo juvenil Somos+, sigue detenido ilegalmente incluso después de haber sido exonerado en su juicio el 21 de noviembre de 2019. Fue arrestado en febrero del año pasado, inicialmente acusado de planear un golpe de estado contra el presidente, y más tarde acusado de amenazar la vida del presidente. Durante su juicio no se presentaron testigos ni pruebas que apoyaran las acusaciones en su contra. Los abogados del Sr. Elo Ayeto han confirmado que, una vez más, fue trasladado a la celda de aislamiento el 2 de enero, y que desde entonces no ha sido visto por su familia ni sus abogados. La ley estipula claramente que se debe dictar una sentencia dentro de los tres días siguientes a la audiencia o al juicio.
EG Justice y Amnistía Internacional han documentado graves violaciones previas contra el Sr. Elo Ayeto, incluyendo la tortura, el aislamiento y la negación de acceso a tratamiento médico.
En otro caso, el 24 de diciembre de 2019, el gobierno arrestó al juez Antonio Ondo Abaga Maye. No había ninguna orden de arresto, no fue llevado ante un juez en el plazo de 72 horas estipulado en la ley, y hay informes de que fue torturado mientras estaba detenido. Se informa que fue llevado al hospital en los últimos días, como resultado de las heridas sufridas durante las sesiones de tortura. Además de violar las garantías básicas del debido proceso, este arresto y encarcelamiento viola las leyes específicas de procedimiento penal aplicables a los jueces. Dos semanas después del arresto ilegal, encarcelamiento y tortura del juez, el gobierno ha publicado un documento que busca justificar el tratamiento que se le da al juez, acusándolo de prevaricato o malversación.
Por último, en noviembre de 2019, el gobierno de Guinea Ecuatorial secuestró a cuatro ecuatoguineanos en el sur de Sudán y los llevó a Guinea Ecuatorial. Los cuatro hombres son: Martin Obian Ondo Mbasogo, Bienvenido Ndong Ondo, Feliciano Efa Mangue y Julio Obama Mefuman. Estos individuos han estado detenidos en régimen de incomunicación desde que fueron secuestrados. El gobierno se ha negado a reconocer oficialmente su encarcelamiento. No hay indicios, dada la rapidez con la que se sospecha que los hombres fueron llevados a Guinea Ecuatorial, y la ausencia de un acuerdo de extradición entre el sur de Sudán y Guinea Ecuatorial, de que alguna vez se haya presentado o concedido una solicitud de extradición. Los secuestrados no fueron llevados ante un juez en el plazo de 72 horas establecido por la ley, y el gobierno ha bloqueado los intentos de retener la asesoría legal de los detenidos al negarse a notar los acuerdos de representación requeridos.
El FMI debería preguntar al gobierno de Guinea Ecuatorial sobre estos tres casos y las medidas específicas adoptadas por las autoridades judiciales para asegurar el estricto cumplimiento de la legislación ecuatoguineana vigente.
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En Chapel Hill, para EG Justicte (español, inglés): +1-615-479-0207 (móvil); o tutu@egjustice.org. Twitter: @TutuAlicante
EGJustice
el FMI actua como un sicario. si utilizamos la lógica a quién se lo ocurre prestar dinero a un régimen que no respeta ni a sus ciudadanos. todo el dinero que han tenido lo han gastado en la seguridad de obiang y su familia. gastando dinero en artistas internacionales mientras nuestros artistas no se pueden permitirse tres comidas al dia. los guineanos no tienen hospitales sin escuelas, sin agua potable, sin luz, sin trabajos y un sin fin de cosas… con politicos en las cárceles y miles de asesinatos cada año. prestar a obiang dinero en mi opinión es apoyar su continuidad en el poder.