A pesar de la política de ocultación, las redes sociales rinden cuenta de la persistencia de la tortura y de los asesinatos en los centros penitenciarios.
Hace dos dias se informó, desde la carcel de Oveng-Asem, acerca del fallecimiento de Julian Ondo Ncum, uno de los mas temibles sicarios del tirano, máximo responsable de su seguridad durante muchos años, sucumbido a consecuencia de la tortura. Tras apartarle (de manera arbitraria como es habitual) del servicio activo en la policía nacional, confinarle socialmente y despojarle de todos sus bienes, el tirano se obstinó en relacionarle con la fallida intentona de 2017, con la que a todas luces carecía de vinculo. Habiéndose acordado su libre absolucion por el tribunal, el tirano ordenó que se le condenara en ausencia de toda prueba incriminatoria, se le recluyera en las mazmorras de la siniestra cárcel, y se le privara de asistencia médica, a pesar de su degradado estado de salud. Si bien consta que algunas de las personas imputadas en la referida causa de la intentona de 2017, cuya implicación se probó más allá de toda duda razonable, fueron finalmente exculpadas por el tribunal (por orden de Constancia Mangue, en reconocimiento de servicios prestados).
Persisten las maniobras para obstruir la ejecución de la sentencia dictada contra TNO en el proceso de los bienes mal adquiridos.
Mientras tanto, los llamados abogados del Estado siguen cooptando alianzas de última hora en Paris, en un intento desesperado de frustrar la ejecución de la sentencia dictada contra TNO en el caso de los bienes mal adquiridos (BMA). Encabezada por el vice-ministro Olo Mba Nzeng (el ministro titular , Salvador Ondo Ncum estaárelegado a una función de asistente de Alfonso Nsue Mokuy ante el comité de los derechos humanos de la ONU), la comitiva se presenta esta vez reforzada por Pastor Hassan Obiang Mangue, con el objetivo de captar el apoyo de la firma de abogados de Dominique de Villepin (reforzar la funcion lobista). En realidad, y no cabiendo más recursos para obstruir la ejecución, el dictador viene adoptando todas las disposiciones para adquirir por segunda vez el inmueble de foch 42 una vez se saque a pública subasta, como ya lo hiciera con los coches subastados en Suiza (comprados por segunda vez con fondos también desfalcados de las arcas del Estado, a traves de un testafero).
La dictadura se aferra a la falacia de la inmunidad diplomatica de foch 42 y de la incompetencia de la justicia francesa.
Pese al pronunciamiento desfavorable de la corte internacional de justicia (CIJ), el tirano persiste en su afan de considerar el inmueble como sede de la representación diplomática de nuestro país en Francia. Si bien consta como hecho probado en el proceso de su razón que TNO lo había adquirido a nombre personal con fondos desfalcados del erario público. Consta asimismo, mediante sentencia de la CIJ, la invalidez (por fraude a la ley) de la transferencia de la sede oficial de la embajada (avenue de Courcelles) al inmueble foch 42 tras el inicio del correspondiente proceso penal y la consecutiva incautación de dicho inmueble.
El régimen dictatorial de obiang persiste igualmente en negar la competencia de la justicia francesa para conocer del delito de blanqueo de fondos públicos guineanos en territorio francés. Una falacia argumentativa que no conllevó la inaplicación de la ley penal francesa, emanada de la normativa internacional aprobada por las Naciones Unidas y por la Unión Europea, en virtud de las cuales el país galo consagra la existencia del delito de blanqueo como delito autonomo desde la ley del 31 de diciembre de 1987 y su posterior reforma del 13 de mayo de 1996. Si bien su enjuiciamiento requiere la preexistencia de un delito principal, la condena efectiva del autor de dicho delito principal no es imprescindible para que se considere caracterizado el blanqueo. Aun cuando éste fuera extranjero y se hubiera consumado el hecho delictivo (del que proceden los fondos ilicitos) en el extranjero. En el caso concreto de TNO, la existencia del delito principal de malversacion de fondos públicos esta caracterizada mediante la transferencia del precio del inmueble foch 42 desde la cuenta del Tesoro Público de nuestro País, directamente a la del vendedor de dicho inmueble, a través de sociedades off shore de derecho helvético (de la propiedad exclusiva de TNO). Habiéndose patentizado por otra parte (merced a una prolija probanza obrante en autos), la incuestionable intencionalidad de disimular el origen delictivo de los fondos transferidos.
Sin perjuicio de lo anterior, y pese a la catastroóica situación económica sobrevenida en nuestro País, el tirano no ha vacilado en seguir sacrificando los míseros recursos del Estado para impedir el desahucio del referido inmueble foch 42, ahora propiedad del Estado francés. Por ende, ante la disgregación de la oposición política y las digresiones de la comunidad internacional, el Estado de Guinea Ecuatorial seguirá sufragando todos los gastos generados por los procesos judiciales seguidos contra TNO (por malversar y blanquear los fondos del Estado), desde las costas procesales y las multas, hasta los honorarios de los llamados abogados del Estado (nacionales), y de la plétora de abogados extranjeros que le representan ante la justicia francesa y ante la CIJ. Tales gastos personales, asi como el principal defraudado (por el dictador y toda su camarilla) deberan ser resarcidos al Estado en el periodo post-dictatorial. Tal es la moraleja que debiera deducirse de la existencia misma de todos los procesos judiciales actualmente en curso en el extranjero, y que han supuesto el inicio del declive de la tirania más longeva del mundo.
En represalia al proceso de los bienes mal adquiridos, la dictadura de Obiang se arroja la competencia universal para enjuiciar delitos extraterritoriales.
En efecto, y en lógica con la politica de silenciamiento de las voces críticas (defensores de derechos humanos, abogados, miembros de la oposición política, etc), el tirano ha ordenado la busqueda y captura de los impulsores del referido proceso de los BMA, del abogado francés William Bourdon (ex presidente de la ONG Transparency International), de Daniel Lebègue (ex presidente de la ONG anticorrupcion Transparency International Francia), de Salomon ABESO NDONG (presidente de la CORED) y de Dominique CALACE DE FERLUC (asesor de la CORED), a los que se imputan presuntos delitos de blanqueo de capitales y financiacion del terrorismo, concretados en la realización de actos preparatorios dirigidos a la perpetración de una tentativa de golpe de estado (un tipo penal no contemplado en ningún estado de derecho).
Lo cual conlleva a extender la jurisdicción nacional a delitos extraterritoriales (cometidos fuera del territorio nacional), en violacion de la soberanía de terceros Estados, y de la derivada competencia de sus jurisdicciones nacionales. Toda vez que dicha extensión de la jurisdicción nacional persigue como finalidad la prevención de la impunidad que pudiera derivar de la comisión de crímenes internacionales (crímenes de guerra, de lesa humanidad, genocidios, ecológicos, etc). En tal sentido, la misma debe asentarse en la aceptación reciproca de los Estados (en un marco convencional) del principio de jurisdicción universal, y no en la manifestación unilateral de la potestad soberana de un Estado (como en el precitado caso de las acciones emprendidas por la dictadura contra los promotores del proceso judicial conocido como de los BMA).
Sin perjuicio de ello, no se aporta indicio alguno que pudiera dar sustento a tales acusaciones. Siempre que bajo la férrea dictadura militar que azota nuestro Pais desde hace 42 años, toda reivindicación en aras de la defensa de los derechos fundamentales y de las libertades políticas (proclamadas por la vigente la Ley Fundamental) se asimila paradójicamente a un acto preparatorio tendente a la perpetración de una tentativa de golpe de estado. En suma, el régimen más ilégitimo, represivo y liberticida del mundo, que se ha sostenido durante 42 años falsificando sistemáticamente los resultados de los comicios electorales, violando sistemáticamente los derechos humanos y saqueando las arcas del Estado, considera ilegitima a ilícita la exhortación al respeto de la Ley Fundamental !
Epilogo
La incesante litania de denuncias iniciadas por las victimas de la dictadura anuncia su lento pero cercano ocaso, y su extrema delicuescencia (recesión económica, impacto de la pandemia del covid-19 y de las explosiones de nkoantoma, disensiones internas ante el propuesto plan de sucesión dinastica) invita a reforzar la unidad y la cohesion en la lucha por una transición democrática, pacifica y acorde al derecho internacional.