José María Irujo EL PAIS
Madrid – 10 NOV 2026 – 05:30 CET
El juez Santiago Pedraz ha declarado en rebeldía a Carmelo Ovono Obiang, secretario de Estado de Seguridad Exterior e hijo del presidente de Guinea Ecuatorial, Teodoro Obiang Nguema, y concluido el sumario por el secuestro y torturas de cuatro opositores, dos de ellos españoles. El magistrado ha decretado, también, la rebeldía de Nicolás Obama Nchama, ministro del Interior, y de Isaac Nguema Ondo, director general de Seguridad Presidencial, la cúpula represiva del Gobierno guineano, todos en paradero desconocido y procesados por los delitos de terrorismo, secuestro y torturas.
El ecuatoguineano español Julio Obama, de 61 años, uno de los secuestrados, falleció en enero de 2023 en circunstancias no aclaradas días después de que Pedraz renunciara a detener en un hotel de Madrid al hijo de Obiang, el principal sospechoso de su secuestro y torturas. Los cuatro activistas residían en Madrid con sus familias y fueron secuestrados en noviembre de 2019 en el aeropuerto de Yuba (Sudán del Sur), trasladados en el avión del presidente Obiang a Guinea Ecuatorial, juzgados por un tribunal militar y condenados a penas de entre 60 y 90 años por un supuesto intento de golpe de Estado. Observadores de Amnistía Internacional y de Human Rights Watch calificaron el juicio como una farsa.
El auto del magistrado, titular del Juzgado de Instrucción número cinco de la Audiencia Nacional, señala que, al encontrarse los tres procesados en situación de rebeldía, procede declarar concluso el sumario y archivarlo hasta que se les encuentre. Anteriormente, Pedraz se había negado a prorrogar la instrucción seis meses más.
La representación de los querellantes ha recurrido esta última decisión argumentando que faltan por tramitarse importantes diligencias aprobadas anteriormente por el juez instructor. Entre ellas, la constatación de si los otros tres secuestrados siguen con vida. Se trata de Martín Obiang Ondo, exjuez en Malabo; Bienvenido Ndong Ondo, empresario, y Feliciano Efa Mangue, exmilitar del Ejército español. Desde su secuestro, los tres permanecen presos en la siniestra cárcel de Oveng Azem, en Mongomo. Todos pertenecen al Movimiento para la Liberación de Guinea Ecuatorial Tercera República (MLGE3R).
Un nuevo testigo
La reciente aparición de un nuevo testigo que podría aportar luz a la causa es uno de los argumentos esgrimidos en su recurso por Aitor Martínez, el letrado que representa a los familiares de los secuestrados. El pasado mes de septiembre, catorce días antes de que Pedraz se negase a ampliar la instrucción, el juez acordó que se pidiera a Italia la toma de declaración a Fulgencio Obiang Esono, un opositor que fue secuestrado en África en circunstancias similares y convivió en el mismo penal con los cuatro miembros del MLGE3R. El testigo acababa de ser liberado y, a juicio de la Policía, su testimonio puede ser relevante. Las familias tienen especial interés en la declaración de este activista porque desconocen cómo se encuentran los tres secuestrados.
Durante la instrucción, Pedraz sí tomó declaración a Francisco Micha, otro opositor liberado que convivió con los secuestrados en el mismo centro penitenciario y facilitó detalles sobre las torturas que sufrieron días después de que el hijo del dictador saliera precipitadamente de España rumbo a Malabo con la querella que habían presentado contra él las familias de las víctimas.
El juez ordenó a los policías que investigaban el caso que se disponían a detenerlo en un céntrico hotel de Madrid que les entregara la querella. Esa misma madrugada, Carmelo Ovono Obiang tomó el primer vuelo hacia Malabo. Pese a tener residencia en España desde 2020, mujer y una hija española, propiedades y cuentas millonarias en el BBVA, nunca ha regresado. Tampoco lo han hecho los otros dos procesados.
“La OEI (Orden Europea de Investigación) remitida a Italia debe ejecutarse para preguntar a Fulgencio Obiang la situación de las víctimas, las condiciones de custodia, el relato del secuestro y las circunstancias que conozca de la muerte de Julio Obama tras dejar el país Carmelo Ovono Obiang (el hijo del presidente)”, señala el recurso presentado.
El letrado destaca, también, las diligencias aprobadas por el instructor que todavía no han concluido, como las comisiones rogatorias a Sudán del Sur y Etiopía, la declaración de pilotos griegos que trasladaron a los secuestrados en el avión presidencial, la asistencia consular de la embajada española a los secuestrados y gestiones para recuperar el cuerpo de Julio Obama. “Recuperar su cuerpo, como fue ordenado, es fundamental para realizar las necesarias pruebas que puedan acreditar las razones de su fallecimiento”, esgrime el recurso.
El recurso de reforma ha sido rechazado por el instructor. Pedraz argumenta que la respuesta a las rogatorias, dictadas y no respondidas, es incierta y que esperar a otras diligencias ya acordadas eternizaría la instrucción. Y añade que, de llegar al procedimiento nuevas diligencias o “si se pone a los huidos a disposición de la Justicia”, se procedería a reabrir la causa. El fiscal, Vicente González Mota, ha apoyado, también, desestimar el recurso con argumentos similares. Ahora, serán los magistrados de la Sala de lo Penal los que decidan si se amplía o no el plazo de la investigación.
Durante cuatro años, el juez Pedraz intentó sin éxito archivar esta causa y ceder la jurisdicción a la antigua colonia española. También se negó a dictar las órdenes de búsqueda y captura después de que los investigados le plantaran dos citas para declarar por videoconferencia. El magistrado perdió todos los recursos de apelación presentados contra sus decisiones por los familiares de las víctimas. Varios autos de la Sala de lo Penal y una resolución del Tribunal Supremo le obligaron a dictar, finalmente, el procesamiento del hijo del autócrata y de los dos altos cargos de su aparato de represión guineano, el Ministerio del Interior y la Dirección General de Seguridad de la Presidencia. Los tres procesados por terrorismo están señalados como presuntos torturadores en vídeos y mensajes que los secuestrados lograron sacar de la cárcel con la ayuda de un funcionario y que figuran como prueba en el procedimiento.