Guinea Ecuatorial, uno de los países más ricos de África, solicitó apoyo al Fondo Monetario Internacional (FMI) en 2019, año en que mantuvo la pena de muerte a pesar de las exigencias de la comunidad internacional.
Miembro de la Comunidad de Países de Lengua Portuguesa (CPLP) desde 2014, Guinea Ecuatorial, un petroestado con uno de los ingresos per cápita más altos de África, se vio obligado a poner fin a la pena de muerte, un cambio legal que no ha llegado a producirse.
En 2019, un analista de la Economist Intelligence Unit (EIU) que realiza el seguimiento de Guinea Ecuatorial ha manifestado a Lusa que son las finanzas las que marcan el ritmo de un país duramente golpeado por la caída de los precios del petróleo.
“En 2019, yo diría que el acontecimiento más importante en Guinea Ecuatorial fue el avance gradual en la consecución de un acuerdo de asistencia financiera con el FMI, que el país ha estado intentando durante años, ya que la crisis de los precios del petróleo provocó, de hecho, el colapso de sus finanzas”, dijo Neil Thompson.
En declaraciones a Lusa, el analista de la unidad de análisis económico de la revista británica The Economist afirma que el FMI va a aprobar la solicitud a finales de este mes, “a pesar del lobby de los grupos de derechos humanos y del hecho de que el país aún no ha sido aprobado por la Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas, que era una de las condiciones previas del Fondo”.
Cuando se le preguntó sobre las mejorías en la gobernanza, en la opinión internacional sobre el país y en la transparencia de la acción gubernamental, liderada por Teodoro Obiang durante más de tres décadas, Neil Thompson es muy poco optimista.
“Guinea Ecuatorial sigue siendo una autocracia represiva, profundamente corrupta y es poco probable que cumpla las normas internacionales de transparencia”, ha dicho, mostrandose convencido de que, con un programa del FMI, el país cumplirá algunas de las normas a las que estará obligado en virtud de ese acuerdo.
“Con este acuerdo financiero que durará hasta 2023, prevemos que el régimen cumplirá con sus obligaciones, ya que la profunda recesión económica que ha durado años ha tenido un impacto negativo en las redes de clientelismo, y necesita desesperadamente una economía estable para atraer la inversión extranjera a su rentable sector de hidrocarburos, manifiesta el analista a Lusa, señalando que ni siquiera la accion conjunta de ocho organizaciones de derechos humanos que piden al FMI que no apoye a Guinea Ecuatorial debería disuadir a Washington de aprobar, a finales de este mes, una ayuda financiera por valor de unos 600 millones de dólares, más de 540 millones de euros.
Atraer inversión extranjera, ha sido una de las principales iniciativas emprendidas por Malabo este año, que se caracterizó por una serie de iniciativas dirigidas a “poner al país en el mapa”.
Además de organizar las Reuniones Anuales del Banco Africano de Desarrollo, la capital de Guinea Ecuatorial también acogió varias reuniones internacionales sobre petróleo y gas, incluido el Foro de Países Exportadores de Gas, y esta fue la primera vez que los países se reunieron en África.
Considerando el año 2019 como el “Año de la Energía”, los líderes de Guinea Ecuatorial también han participado en una serie de iniciativas y reuniones diplomáticas destinadas a promover a Guinea Ecuatorial como destino de inversión, habiendo concedido varias licencias de exploración de petróleo y gas a empresas estadounidenses, francesas y rusas.
Además de la economía, el aspecto de los derechos humanos fue otro de los temas destacados en el país este año, con el aplazamiento de la eliminación definitiva de la pena de muerte, a pesar de las reiteradas promesas de los dirigentes políticos, incluido el Presidente, que la situaban en este año.
“La pena de muerte en Guinea Ecuatorial es una herencia colonial, que también debe considerarse a la luz del contexto regional y de las amenazas terroristas en algunos de los países de la subregión; por lo tanto, Guinea Ecuatorial teme ser vista como un refugio para los terroristas”, dijo el embajador en Portugal, al ser interrogado por la misión de evaluación de la Comunidad de Países de Lengua Portuguesa (CPLP), que se desplazó a Malabo en el mes de junio y que, a este respecto, a pesar de tener programada una reunión con ocho entidades ecuatoguineanas, sólo fue recibida por Tito Mba Ada.
También en este punto, el diplomático destacó, según el informe, que “aunque la ley prevé una sanción, la medida no se aplica”, lo que, según varios observadores, sólo sirve para dar una imagen de la evolución del país.
Cuando se le preguntó sobre el asunto en julio en Cabo Verde, Augusto Santos Silva respondió: “Soy Ministro de Asuntos Exteriores de Portugal desde hace tres años y medio. Durante tres años y medio he escuchado a mi colega de Guinea Ecuatorial decir que la abolición de la pena de muerte es inminente. También conozco las condiciones en las que Guinea Ecuatorial se unió a la CPLP y los compromisos que asumió cuando fue admitida en ella”, en julio de 2014, dijo el dirigente portugués, destacando que “es un punto de honor para todos los países” de la organización “estar en contra de la pena de muerte” y defendiendo que “desde hace mucho tiempo debemos pasar de las palabras a los hechos, porque desde el punto de vista técnico es lo más fácil de hacer”.
Guinea Ecuatorial se integró en la CPLP en 2014, uniéndose a Angola, Brasil, Cabo Verde, Guinea-Bissau, Mozambique, Portugal, Santo Tomé y Príncipe y Timor-Leste.
Agencia Lusa