La reciente retransmisión televisiva de las “diligencias” ejecutadas por los sicarios del llamado ministerio de defensa y seguridad en el domicilio de Milagrosa Obono Angüe, secretaria de estado encargada de la tesorería, y la amplitud de la defraudación irrogada al estado por la “operación efectos timbrados” (planificada y dirigida por ella), plantea cuestionamientos sobre la publicitada contribución del FMI en la erradicación de la corrupción que prevalece en la administración económico-financiera del pais. Toda vez que el saneamiento de la misma se concibió como una exigencia previa para la concesión de la asistencia financiera solicitada por el gobierno, y se estimo cumplida por tanto al término de la ronda de negociaciones que precedieron la formalización del acuerdo de préstamo. 

La decisión del FMI desconcertó y desilusionó a toda la sociedad civil, cuya legitima aprensión se justifica por la corrupción endémica instaurada por el dictador (cuya materialización requirió siempre la complicidad de las autoridades a cargo del Tesoro Publico), ilustrada a través de interminables procesos judiciales seguidos en países extranjeros como Francia, Estados Unidos de América, Reino Unido, Suiza, Brasil, Sudáfrica, por blanqueo de fondos sustraídos de las arcas del estado. Siempre que dichos procedimientos dan la medida de la amplitud del crimen organizado por el dictador y su familia, mas allá de la ostentación del enriquecimiento ilícito de la que hacen gala. Y por cuanto no existe mecanismo alguno de control interno de la actividad gubernativa, ni político ni jurisdiccional, desde el que se pudiera exigir responsabilidad penal por la depredación de los fondos del estado. Puesto que, a través del partido-estado el dictador mantiene un férreo control de todas las instituciones del estado. Al tiempo que el poder judicial se caracteriza por su sumisión, siempre que todos los cargos jurisdiccionales están integrados por abogados sin garantía estatutaria, libremente designados y revocables a la merced del dictador.

Al iniciarse la fase mas decadente de la flamante economía petrolera (declive de la producción y caída libre del curso del barril de brent), las esperanzas de los guineoecuatorianos se tornaron hacia los ataques jurídicos organizados contra el régimen (concretados en los referidos procesos judiciales) y las nuevas condicionalidades anunciadas por el FMI, que prefiguraban una nueva era de erradicación de la corrupción. Mero espejismo. La impunidad de los saqueadores del erario publico, como la tesorera OBONO ANGÜE, esta para recordarnos que los llamados “socios al desarrollo” están volcados en la preservación de sus propios intereses. A conciencia de que la situación financiera de nuestro país se agrava de forma alarmante (con un nivel de endeudamiento que ya se iguala con el de países como Gabón y Congo), el organismo de Bretton Woods optó por la política de la avestruz, desentendiéndose de la información sobre la situación financiera real del país y centrando sus condicionalidades en las únicas garantías de reembolso avaladas por la producción de hidrocarburos.

La concesión incondicional de un préstamo al gobierno, una negación de la existencia de la corrupción endémica que prevalece en Guinea-Ecuatorial.

Mediante la concesión de un préstamo de 282 millones de dólares al nuevo estado pedigüeño, el FMI otorgaba oficialmente un satisfecit y un reconocimiento al “esfuerzo consentido por el gobierno en su afán de sanear las finanzas publicas y de erradicar las practicas corruptas” (dixit el comunicado oficial de la misión). Desoyendo al efecto a las organizaciones de la sociedad civil opuestas a la concesión de dicho préstamo, el FMI se conformó con exigir al gobierno que se comprometiera a cumplir voluntariamente algunos requisitos “blandos” recogidos en el “Informe de diagnóstico sobre la transparencia, la gobernabilidad y la corrupción en Guinea Ecuatorial”. Tales como promover la diversificación económica y preservar la estabilidad macroeconómica y financiera; apoyar el desarrollo del capital humano y mejorar la protección social; mejorar la gobernanza y fortalecer el marco anticorrupción, abordando los conflictos de intereses y adoptando y aplicando un régimen sólido de declaración de activos para los funcionarios públicos; fomentar la transparencia del sector de hidrocarburos, incluida la publicación de todos los contratos activos de petróleo y gas, las auditorías de GEPetrol y SONAGAS y los informes sobre los ingresos por hidrocarburos, así como a través de la membresía de la Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas (EITI); continuar mejorando la gestión financiera pública (GFP); y fortalecer el marco jurídico y el marco ALD/CFT, y bla bla bla. Cuyo plazo y modalidad de ejecución determinara discrecionalmente el mismo gobierno corrupto.

Constandole si bien al FMI la extrema corrupción de las elites políticas, simbolizada precisamente en el vice presidente y sucesor in pectore del dictador, TNO, el mismo que ahora arremete contra los jóvenes funcionarios, que en el fondo no hacen sino emular su estilo de vida : jóvenes sin formación, cooptados en puestos importantes de la administración por su vinculación con la dictadura, volcados al saqueo de las arcas del estado como él (que ha dedicado toda su vida al consumo de alcohol, drogas y prostitutas, y al despilfarro de los fondos del estado, con el beneplácito del dictador).

La concesión de préstamo, una decision negligente fundada en un análisis sesgado del funcionamiento de la administración económico-financiera.

La decision de concesión de préstamo contrasta con la desastrosa situación funcional de la administración financiera del estado (encabezada, desde la sustitución del economista Lucas ABAGA NCHAMA, por el escritor de pacotilla Cesar MBA ABOGO, que se jacta de haberse construido una vivienda valorada en mas de cuatro millones de euros con fondos desfalcados al estado). Toda vez que se funda en la información remitida al efecto por una misión que visitó el pais en sendas ocasiones, obtuvo y analizó información económica y financiera somera sobre las políticas macro económica, monetaria y fiscal, que le fue remitida por las autoridades nacionales. La misión reconoce así, en el “Informe de diagnóstico sobre la transparencia, la gobernabilidad y la corrupción en Guinea Ecuatorial” que “a pesar de la buena cooperación general de las autoridades, falta un conjunto de datos que ha provocado dificultades para cuantificar diversos aspectos de las finanzas públicas de este país, tercer productor de petróleo del África subsahariana y que se enfrenta a una recesión desde 2016, que, según las previsiones del FMI, durará hasta 2024, interrumpida sólo en 2021 con un crecimiento del 1%”.

No obstante, sobre la base de la referida información oficial, la misión consignó sus conclusiones en el precipitado informe, que sirvió de marco referente al Directorio Ejecutivo del FMI para la evaluación de las proyecciones económicas de Guinea Ecuatorial desde la perspectiva de la economía mundial y de los mercados financieros. A tal efecto, y como ya fuera relevado en otros países, el informe de la misión se antoja incompleto y no identifica los riesgos y las consecuencias que se derivan de la deficiente gobernabilidad financiera del estado. Fiel al postulado neoliberal que lo identifica, el FMI relega el mejoramiento de la situación financiera de nuestro pais a la pretendida capacidad de autorregulación de los mercados internacionales de hidrocarburos. Sin embargo, la aparente negligencia de la misión del FMI cede ante la condicionalidad principal del acuerdo de préstamo : asegurar la devolución del capital.

Un acuerdo de prestamo que se centra en la exigencia de garantias de reembolso.

Conforme se expone, el FMI ha sido duramente criticado por su propensión a fomentar políticas inspiradas de un capitalismo neoliberal fundado en las teorías monetaristas y el principio de libre mercado. Cuya prioridad es el saneamiento de los presupuestos públicos y la reducción del deficit, la generación de superávit primario suficiente para cubrir los compromisos de la deuda externa. Dicha política se acompaña de una re estructuración del sistema impositivo con el fin de incrementar la recaudación fiscal, mediante la promoción de impuestos regresivos de fácil percepción (como el Impuesto al Valor Añadido), así como de políticas de flexibilidad laboral, entendido como la liberalización del mercado de trabajo. Consecuentemente, la referida política se concreta en programas económicos basados en la reducción del gasto público y de los servicios y prestaciones sociales, y la eliminación de subsidios a la actividad productiva. Siendo sin embargo relevante apuntar aquí que, en nuestro país el gasto social consentido desde el inicio de la producción petrolífera no ha alcanzado el 5% de la renta petrolera total recaudada a dia de hoy, valorada en mas de 400.000 millones de dolares americanos).

De tal manera que la política del FMI en materia de asistencia monetaria a los países afectados por un desequilibrio de su balanza de pagos (desajuste entre los ingresos procedentes del extranjero y los pagos que realiza el país al resto del mundo debido a las importaciones y exportaciones de bienes, servicios, capital o transferencias en un período de tiempo) se destina en prioridad a aquellos que ofrecen garantías para honrar sus obligaciones para con la organización (países con suficientes recursos naturales como el nuestro). A tal efecto, las auditorias exigidas por la organización, principalmente de las entidades de petróleo y gas del país (incluyendo GEPETROL y SONAGAS), sirvieron esencialmente para conjurar el riesgo de insolvabilidad mediante la medición del impacto de la caída del curso del barril de Brent y del declive del nivel de producción sobre los equilibrios macroeconómicos y el crecimiento económico.

A la misma finalidad responde el exigido control de la ejecución del presupuesto de gastos e ingresos, la designación de auditores internacionales certificados para mejorar la publicación de estadísticas fiables, y el fortalecimiento del estado de derecho a través de la efectividad de la función judicial. En efecto, el FMI y el gobierno consensuaron el reajuste de los procedimientos financieros al objeto de restablecer el equilibrio y la viabilidad de la balanza de pagos y la estabilidad macroeconomica, en tanto que base para un crecimiento duradero. En coherencia con dicho postulado, la elección y la concepción de las demás condicionalidades lo fueron a la iniciativa del mismo gobierno (descrito en la carta de intenciones y el adjuntado memorandum de políticas económicas y financieras), único garante por tanto de su cumplimiento. Cabiendo citarse al efecto, el anuncio de la adopción de un régimen de declaración de bienes para los funcionarios públicos en aras de la detección de la corrupción y de la prevención de los conflictos de intereses.

La exigencia de lucha contra la corrupción, una condicionalidad accesoria.

En efecto, y contrariamente al credo oficial expuesto en sus asambleas anuales, una corriente critica ha puesto de relieve ante la asamblea general de las Naciones Unidas que, el FMI no está comprometido con la consecución de los objetivos del desarrollo sostenible, ni con la consecución de los objetivos fijados por las Naciones Unidas en materia de derechos humanos y de lucha contra la corrupción. Lo cual se verifica plenamente en el caso concreto de Guinea Ecuatorial, en el que el FMI no exigió el cumplimiento de ningún requisito en cuanto al respeto de derechos humanos y de buena gobernabilidad. Ni integró las recomendaciones de la sociedad civil sobre la necesidad de promocionar políticas de austeridad y de privatizaciones como requisito previo a la obtención de prestamos, o la inclusion de condiciones tales como una moratoria sobre los gastos suntuosos (para sostener el tren de vida del dictador y de su familia), los gastos de los ministerios de defensa y seguridad (cuyos salarios representan casi el 90% de la masa salarial correspondiente a la función pública de nuestro pais), el empoderamiento del sistema judicial en aras de la lucha contra la corrupción y la evasion fiscal, etc.

La falaciosa exigencia de la adopción de una legislación contra la corrupción

La designación de una comisión para el estudio de un anteproyecto de ley anti-corrupción debe evaluarse desde el prisma de la efectividad del vigente ordenamiento penal. Toda vez que desde la revelación de la red tentacular de desvío de la renta petrolera (de la que en su dia responderán Juan OLO MBA NSENG, Gabriel OBIANG LIMA, Antonio OBURU ONDO, Candido NSUE OKOMO, Marcelino OWONO EDU, Melchor ESONO EDJO, Montserrat AFANG ONDO y Milagrosa OBONO ANGÜE), no consta sin embargo que el ministerio público haya iniciado acción alguna en aras de la represión del delito y de la protección del patrimonio estatal. Pese a constarle la noticia criminis a través de las acciones penales seguidas en los antes citados países extranjeros (los sicarios de TNO conducen la instrucción de diligencias en la operación “efectos timbrados”, limitándose el juez a expedir todos los mandamientos requeridos por los uniformados). Si bien el vigente ordenamiento penal tipifica como delitos toda actuación desleal de los servidores públicos subsumible en el delito de corrupción regulada en la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción (CNUCC).

En efecto, y si bien la referida normativa internacional no encierra una definición univoca de la corrupción, establece sin embargo un listado de conductas ilícitas que los Estados partes deben tipificar como delito por estimarse incluidos en el concepto de corrupción, tales como el soborno (activo) y extorsión (soborno pasivo), la malversación, la apropiación indebida, el tráfico de influencia, el abuso de funciones y el enriquecimiento ilícito. Rasgo común a todos estos comportamientos es la desviación de un poder de actuación en interés particular para la consecución de una ventaja indebida, patrimonial o de otro tipo, para si o en beneficio de tercero. Tales ilícitos se hallan tipificados en el vigente ordenamiento penal (Delitos contra la Administración Pública) de manera diferenciada, tales como el cohecho, la sustracción de caudales públicos, los fraudes y exacciones ilegales, las negociaciones y actividades prohibidas a los funcionarios públicos y los abusos en el ejercicio de su función, etc. Por lo tanto, la permisividad hacia la corrupción se debe, no a la falta de una susodicha ley contra la corrupción sino a la inaplicación del vigente ordenamiento.

Una exigencia falaz tendida a legitimar la impunidad penal del dictador y de sus hijos.

La aparente controversia acerca de la aplicabilidad de la legislación penal en Guinea Ecuatorial se centra únicamente en la preocupación del dictador en relación a la perpetuación de su propia impunidad y la de sus vástagos. Es así como durante el transcurso del juicio seguido en Francia contra el vicepresidente TNO por sustracción y blanqueo de fondos del estado, el gobierno (a través de Sergio Tomo, el bufon del pretorio) anunció, ante una curia francesa anonadada por tamaña aberatio juris, que la adscripción a la función de miembro de gobierno constituía una causa eximente de responsabilidad penal, y no podía por tanto enjuiciarse a TNO por los delitos de cohecho y de malversación de caudales públicos, que solo serian punibles cuando fueran perpetrados por simples funcionarios públicos (¡ y no por autoridades como TNO !). Si bien la condena de TNO en el referido proceso significó la desestimación tajante de dicha argumentación especiosa, cabe reiterarse no obstante que la responsabilidad penal es exigible a todo sujeto de derecho que incurriese en las figuras delictivas tipificadas en el vigente ordenamiento penal. Precisando el artículo 50 de la vigente Ley Fundamental a tal efecto que “la responsabilidad civil y criminal del presidente de la república y jefe de gobierno, del vice-presidente, del primer ministro y de todos los miembros del gobierno, se exigirá conforme a la Ley”. Precepto constitucional desarrollado en los artículos 63 de la ley de régimen jurídico de la administración (número 6/1995, de fecha 09 de enero, modificada mediante la ley número 3/2000, de fecha 22 de mayo) y 34 de la vigente ley orgánica del poder judicial. A tenor de los cuales la responsabilidad penal de las autoridades y funcionarios se exigirá ante los tribunales competentes, correspondiendo el enjuiciamiento de los delitos cometidos por los miembros de gobierno y demás aforados al pleno de la corte suprema de justicia. Por lo tanto, el vigente ordenamiento no concede impunidad estatutaria a ninguna autoridad (ni al dictador ni a TNO), sino que la dictadura obstruye el funcionamiento de la institución judicial, encargada constitucionalmente de garantizar la efectividad normativa de la ley penal.

Una exigencia falaz destinada a ocultar la incapacidad institucional del poder judicial para garantizar la efectividad normativa del vigente ordenamiento penal.

El incumplimiento de los preceptos constitucionales rectores de la organización del poder judicial (separación de los demás poderes del estado, independencia, exclusividad e unicidad) determina su incapacidad institucional para llevar a cabo la efectividad del ordenamiento penal. Toda vez que el vigente estatuto orgánico del poder judicial, conformado por las leyes orgánicas reguladoras del consejo superior del poder judicial (LOCSPJ) y del poder judicial (LOPJ), no se adecua a los mismos.

En efecto, los jueces son abogados aleatoriamente designados por el dictador, libremente revocables por él y por tal razón sumisos hasta la beatitud. Carecen de la formación adecuada, salvo la empírica adquirida tras su permanencia en el cargo. La extrema precariedad económica a la que se adscriben (equiparados a cargos subalternos de la función publica) les predispone a la corruptela (reservándose la misma corrupción al dictador y a sus hijos).

Finalmente, y ante la inmaterialización del consejo superior del poder judicial, la sumisión política al PDGE y al poder ejecutivo suplanta el regimen disciplinario y de inspección regulado en la ley (ver al efecto la facultad de disolución del poder judicial arrojada al dictador en violación de la Ley Fundamental, los nombramientos y ceses arbitrarios sobre la base de la aplicación errónea del articulo 41 inciso h, las detenciones arbitrarias de jueces, la tortura y asesinato del magistrado José ESONO NDONG BINDANG qepd, la persecución e intento de secuestro del ex presidente de la corte suprema de justicia Juan Carlos ONDO ANGUE por razón  de desafinidad política, etc).

Epilogo.

En definitiva, el FMI no emprenderá acción alguna en aras de la erradicación de la corrupción que corroe la administración económico-financiera de nuestro pais, sino que velará por sus propios intereses patrimoniales. Si bien no debe confundirse el resentimiento vengativo de TNO hacia los desdeñosos vasallos de su padrastro con una veleidad reformista. La tesorera corrupta y milagrosa atesora secretos del latrocinio perpetrado por el ogro y el hijastro TNO, y éstos seguirán siendo su seguro de vida, hasta que se ordene su eliminación física, como en tantas otras ocasiones.

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