La vendetta personal de TNO contra los insumisos y la legitimación de 42 años de rapiña

A tenor de la información difundida por la dictadura, la comisión de auditoria alumbrada por el vicepresidente de su padre ha derribado a nuevos enemigos, en las personas de Eugenio Nze Obiang (Nze Obiang 2), santos oba (sucumbido a consecuencia de torturas físicas y psicológicas), los directivos de las firmas Martinez Hermanos y Comercial Santy, los administradores de los puertos y de aduanas, etc y etc.

Antes de instituir la susodicha comisión de auditoria, TNO ha venido instrumentalizando a los cuerpos uniformados para consumar el linchamiento público de aquellas personas que se le antojan insumisas o disidentes (en función de las octavillas de su chivato y siervo Santiago Casto Nvomo Bibang, alias “pito casto“), en violación de sus derechos mas elementales. Tal es el caso de Milagrosa Obono Angüe y de los funcionarios de la Tesorería, acusados de desviar efectos de valor, de los jefes militares acusados de explotación ilegal de recursos forestales, de los funcionarios del ministerio de seguridad, acusados de falsificación y de cobros ilícitos, etc.

Lo peculiar, en relación al informe publicado por la comisión sobre el pretendido desfalco del ministerio de información, es que TNO reconoce (involuntariamente) la ilegalidad del proceso de contratación y de los procedimientos de pago implementados por el único ordenador de pagos del Estado, su dictador de padre. En el mismo sentido, valga remarcar las contradicciones en las que incurre el referido informe, relativas a las presuntas irregularidades observadas en las cuantías y la periodicidad de los pagos a proveedores de servicios (y que el informe presenta como verdades irrefutables pese a no ser acreditadas mediante pronunciamento judicial).

Afirma en efecto el informe que, los 7290 millones XAF presuntamente desfalcados al ministerio de información fueron repartidos entre 21 empresas, de las cuales solo una pertenece a Nze Obiang 2 (Asok Elick SL, que cobró anualmente la suma de 349 millones) y otra al difunto Santos Oba (LSM, que cobro 407 millones). Precisando que, UBM (se ocultan los datos de sus accionistas) recibe un pago anual de 657 millones (lo cual arroja un total para el periodo considerado de 3285 millones) ; VIPROM y GSM (se ocultan igualmente los datos de los socios) cobraron más de 3.488 millones ; CONEXXIA (cuyos socios tampoco están identificados) cobra mensualmente 94 millones (arrojando un total 5.640 millones para el periodo considerado), GREEN Media Technology (no constan los datos de los socios) cobró 97 millones para dispensar una formación que no llevó a cabo), y otras firmas sin identificar se empacharon igualmente a costa del Estado, una cobrando 539 millones para la adquisición y reparación de varios equipos sin verificarlo, otra cobrando 285 millones mensuales sin prestar servicio alguno, y una ultima recibiendo 37 millones para la adquisición de indumentaria del personal sin verificarlo, etc.

De lo cual cabe deducir que el informe se detiene y revela únicamente los datos de los detentores de las empresas con la menor participación en el desfalco (las de Nze Obiang 2 y de Santos Oba), protegiendo así a los autores principales. Por ende, la información lacónica que encierra no permite apreciar el desajuste entre la realidad de los servicios prestados y la contraprestación recibida del Estado (en honor a la presunción de inocencia). De lo contrario, la continuidad y la regularidad de los referidos pagos (durante el periodo verificado) atestan de manera incuestionable el asentimiento del ordenador de pagos, y dan fe, a priori, de la realidad de los servicios prestados.

Si bien de todos es sabido que los “contratos” de proveedores y de mantenimiento gratifican únicamente a las personas que prestan “servicios importantes” a la dictadura (los mas onerosos están reservados para la familia dictatorial), y por esa razón no están supeditadas a ningún control sino a la única aprobación directa del mismo dictador y único ordenador de pagos. Limitándose el parlamento, en dicho ámbito, a refrendar la “ley de presupuestos” acordada unilateralmente por el dictador, así como los informes de ejecución del presupuesto del Estado consensuado por el gobierno bajo la supervision del amo.

A tal efecto, y conforme expusimos anteriormente, la actual campaña de acoso a determinadas personalidades del regimen bajo el pretexto de la lucha contra la corrupción (Nze Obiang 2, Milagrosa Obono Angüe, José Eneme Obama, Alberto Ndong Obiang Lima, Maria Luisa Mangue Obiang), no incorpora ningún elemento de mejora funcional en la administración, sino que tiende únicamente a la estigmatización social de todas las personas excluidas o a excluir del plan de transición urdido por el dictador a favor de TNO. Siempre que el propio dictador y su familia han sido siempre y seguirán siendo, mientras permanezcan en el poder, los promotores de la corrupción.

En tal sentido, la composición de la llamada comisión de auditoria refleja fielmente la aludida finalidad política, al no integrar personal funcionarial habilitado oficialmente para la realización de auditorias, sino a los siervos mas obsequiosos de TNO. Tales como su secretario general y complice de todas las fechorias (Alfredo Abeso Nvono Onguene), su director de gabinete y soplón favorito (Santiago Casto Nvomo Bibanga, alias pito casto), y el nuevo director de marina mercante y señalización (Alejo Sima Olomo, hermano de Dario Tadeo Ndong Olomo, qepd), siervo personal de Efamba.

La comisión cuenta igualmente con la participación activa de varios transfugas del sector gas y petroleo del hermanastro Gabriel Obiang Lima. Tales como Lucas Nguema Mbulito (hijo del ilustre cleptomano Lucas Nguema Esono, alias “luquito“), Abraham Abia (hijo de otro ilustre cleptomano, Miguel Abia Biteo, qepd, el cual se enriqueció saqueando los ingresos petroleros, y fue asesinado por orden del dictador, precisamente estrangulado por Eric Mercader Penda ante la presencia pasiva de Alfonso Nsue Mokuy ,Ángel Mesie Mibuy , Tomás Mecheba Fernandez , Federico Abaga, Nzambi Nlonga) y el ex vice-ministro de petróleo Agapito Edu Ndong Ayecaba (Africa Intelligence, el medio enfeodado a Gabriel Obiang Lima, lo identifica como uno de sus peores enemigos junto con Domingo Mba Esono y  César Augusto Hinestrosa Gómez, otro “ex lima boy“).

Entre los enemigos del hermanastro recién afiliados al circulo de TNO destaca Valentin Maye Elá, promovido recientemente al cargo de ministro de Hacienda y Economía, pese a carecer del necesario bagage intelectual (“cualidad” altamente valorada por el acomplejado Tontorin). El interesado, hijo de Florencia Maye Ela (de siniestra reputación) y hermano carnal de Virginia Maye (esposa de Gabriel Lima), es otro relevante cleptómano que se enriqueció merced al desvío de las maletas de divisas que transportaba a Kuala Lumpur y a Singapur a cuenta de su cuñado (y con las que financio su propio imperio financiero). A raíz de dicha diferencia, el ladrón Gabriel Obiang Lima le habría difamado en todos los círculos sociales por haberle robado ( !!!!) el fruto de sus esfuerzos… Valentin Maye, es por tanto la persona clave para conducir la campaña de persecución al clan de los obiang lima y a todos los demás insumisos, merced a las simuladas auditorias y en su nueva calidad de responsable de las miseras finanzas del Estado.

En efecto, ni la designación de la siniestra comisión de auditoria, ni las atribuciones que le confirió TNO se enmarcan en la legalidad vigente. Recordemos que el mismo cargo de Tontorin, de vice presidente de su padre, no es electivo (TNO no goza ni de la legitimidad truncada del dictador !) sino de libre designación por el dictador (artículo 41 f), la cual es ratificada por el parlamento (articulo 33 punto 4) para conferirle un semblante de legitimidad. Siendo su función la de suplir la vacancia del dictador (45 in fine), al margen por tanto de todo mandato democrático. Si bien antes de tal eventualidad, el dictador puede delegarle discrecionalmente algunas de sus facultades constitucionales (articulo 33 punto 3). Dicha delegación discrecional de competencias seria cuestionable en un estado de derecho (como no lo es nuestro pais), al tratarse de atribuciones constitucionales conferidas al presidente de la República por delegación de la soberanía nacional, en virtud del sufragio universal (Carré de Malberg).

Merece relevarse a tal efecto la imprecision de la función asignada al vice presidente, el cual ejerce de facto la de ministro “bis” de defensa y seguridad, en detrimento y de forma concurrente con los ministros titulares de dichos departamentos. En virtud de lo cual cabe colegirse que TNO carece de la potestad para ordenar la auditoria de otros departamentos ministeriales que no fueran los de defensa y seguridad (admitiendo que su designación en defensa y seguridad fuese legitima). En consecuencia, la llamada comisión de auditoria asienta su existencia en un acto de designación afectado de nulidad por incompetencia material de su autor, y ejerce fraudulentamente unas facultades que la ley confiere exclusivamente al ministerio publico (investigar presuntos hechos delictivos e iniciar la acción penal en supuestos de delitos contra el patrimonio del Estado).

En definitiva, y a pesar de la existencia formal de un ordenamiento financiero, las decisiones del dictador en dicho ámbito (como en todas las demás materias) no están supeditadas a ninguna forma de control institucional, y los órganos habilitados para llevarlo a efecto carecen de la necesaria capacidad institucional. El ministerio público permanece asignado a una función de asesoría del dictador en materia de control y represión de la disidencia política (su máximo representante es reconocido socialmente por sus dotes de bailarín de bares, menuda orquesta formara con Obama legumbres en navidad !), y el poder judicial (representado por David nguema obiang, notoriamente corrupto, ex fiscal general y abogado de TNO), investido por ley para el control de la legalidad de los actos del gobierno, mantiene sin embargo un vinculo de sumisión total al dictador.

En tal sentido y conforme informamos anteriormente, la creación de la comisión nacional de prevención y lucha contra la corrupción (la dictadura padece comisionitis) instituida mediante decreto-ley número 1/2020, de fecha 13 de julio, sobre prevención y lucha contra la corrupción, lo fue en fraude a la constitución y a la normativa internacional. Por cuanto el referido decreto-ley, otorgado por el dictador en virtud de una simulada habilitación legislativa, acuerda la reforma de la ley orgánica relativa al código penal al margen del procedimiento regulado por el vigente ordenamiento.

Y toda vez que la referida comisión (como decimos, la de prevención y lucha contra la corrupción, y no la de TNO), designada a dedo por el dictador (su presidente y su vice presidente son “designados por el gobierno y confirmados por el parlamento“), concurre al reforzamiento del control politico de los funcionarios (de los disidentes) mediante la suplantación de las atribuciones otorgadas por la ley al ministerio público (al igual que la anteriormente descrita), y al margen de todo control judicial. Pues se arroja la facultad de investigar delitos de corrupción cometidos por funcionarios de alto rango, pudiendo acceder de oficio “a cualquier información en poder de personas físicas o jurídicas, publicas o privadas, realizar verificaciones, examinar documentos, registros, cuentas, bases de datos, cualquiera que sea el medio en el que se almacena o el equipo físico y logístico utilizado, llevar a cabo las entrevistas personales que consideren apropiadas, tanto en las dependencias de las agencias de la administración general del estado, entidades del sector publico u organizaciones de la sociedad civil, así como en las oficinas de la comisión“.

Por ende, la creación de dicha comisión (anti-corrupción) conlleva una inversion de la regla constitucional de la presunción de inocencia (articulo 41 punto 3 del decreto-ley), al enunciar que “se presumirá que los hechos consignados en los informes de la comisión son ciertos a menos que se demuestre lo contrario“.

Epilogo.
Conforme se ilustra, el entramado juridico-institucional imperante en nuestro pais carece de virtualidad, y tiene como única finalidad la de legitimar la dictadura. Consecuentemente, las instituciones y órganos investidos para llevar a cabo el control de legalidad de la acción del gobierno carecen de la preceptiva capacidad institucional. En este contexto, la simulada campaña de lucha contra la corrupción emprendida por el dictador y sus hijos, al propio tiempo  los mismos promotores de dicha lacra, debe merecer la desaprobación inequívoca de todo guineoecuatoriano de buena fe, sea militante forzoso del PDGE como de la oposición institucional. Por cuanto, y sin perjuicio de las responsabilidades que pudieran exigirse a las autoridades financieras subalternas (estigmatizadas por las reiteradas auditorias), la rendición de cuentas por la gestion de los caudales del Estado es exigible en primer termino al dictador, única autoridad nacional facultada para la ejecución de las provisiones presupuestarias aprobadas por el parlamento.

No se dejen manipular nuevamente por la retorica dictatorial de incitación al repliegue, que tras 42 larguísimos años nos ha sumido en un profundo hastio ! Para el dictador y su progenitura no debe haber eximentes, atenuantes o chivos expiatorios. Deben responder ante la justicia por el agravio causado a la Nación.

Democracia, justicia y transparencia ya !

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Comentarios

    Lucas Mitogo

    (noviembre 11, 2020 - 16:58)

    La complicidad de Mecheba con el dictador y su esposa se basa en la afición común a las prácticas brujeriles

    pepin

    (noviembre 11, 2020 - 19:43)

    quasi onagri se uniuntur nisi latrones fornicari.

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