“En 2022, el presidente Teodoro Obiang promulgó el nuevo código penal que abolió la pena de muerte, pero todavía hay disposiciones sobre la pena de muerte en el código de justicia militar”, dice AI.
Amnistía Internacional ha denunciado que el régimen de Teodoro Obiang mantiene la pena de muerte en el código de justicia militar de Guinea Ecuatorial a pesar de que ha sido abolida en el código penal, además de otras violaciones de derechos humanos como la detención arbitraria y la tortura.
El 19 de septiembre, el presidente Teodoro Obiang promulgó el nuevo código penal que abolía la pena de muerte, pero «las disposiciones sobre la pena de muerte permanecen en el código de justicia militar«, destaca Amnistía Internacional (AI) en un informe anual publicado el martes.
A lo largo de 2022, «las autoridades llevaron a cabo detenciones y encarcelamientos arbitrarios, tortura y otros malos tratos y desapariciones forzadas, en contextos como las elecciones presidenciales y la denominada Operación Limpieza contra bandas delictivas«, denuncia AI.
En respuesta a un supuesto aumento de la criminalidad, el vicepresidente Nguema Obiang Mangue lanzó la llamada «Operación Limpieza» nacional para combatir el crimen organizado, recuerda AI, revelando que «en tres meses, miles de personas habrán sido detenidas en todo el país«.
Además de los casos de malos tratos por parte de las fuerzas de seguridad en el momento de la detención, «al menos cuatro han muerto en prisión» y el «paradero de muchos otros sigue siendo desconocido«, reza el informe sobre el estado de los derechos humanos en el mundo en 2022.
Bajo el régimen del presidente Teodoro Obiang, en el poder desde hace más de 43 años y reelegido en noviembre, Guinea Ecuatorial mantiene también «la impunidad de la violencia sexual«, la prohibición de escolarizar a las niñas embarazadas y «múltiples formas de discriminación» de las personas LGBTI (acrónimo de lesbianas, gays, bisexuales, transexuales e intersexuales).
AI también señaló la deportación de migrantes irregulares «sin el debido proceso» documentada por organizaciones locales.
«Más de 500 personas procedentes principalmente de Camerún, Nigeria, Senegal, Costa de Marfil, República Centroafricana, Chad y Malí fueron detenidas durante una campaña gubernamental contra la migración irregular, acompañada de redadas de migrantes«, que tuvo lugar durante poco más de dos meses en las principales ciudades.