Trifonia Melibea Obono

“Los agentes de seguridad consideran la ley como una obligación de los civiles. Saben que pueden hacer lo que quieren y no va a ocurrir nada. Te restriegan que son como el jefe de Estado, el presidente de la República, un individuo que es militar y quien hace lo que le da la gana. Te lo dicen tranquilamente. El uniforme militar, el uniforme del policía, constituye la herramienta que, en sus mentes, les confiere autoridad para actuar al margen de la ley y con total impunidad. Creen que tienen el poder de qué hacer, cuándo, dónde, aunque esté prohibido. Con llevar el uniforme están sobre la ley, ya son la ley” [1]

El Examen Periódico Universal del año 2019 marcó un antes y un después en la lucha por la liberación de las personas LGTBIQ+[2] en Guinea Ecuatorial. Hasta entonces, los poderes públicos monopolizaban el discurso a golpe de “somos muy hombres, muy mujeres y muy negros, por lo que homosexualidad, cosa de blancos, aquí no se registra. Guinea Ecuatorial es un país libre de homosexuales y de homofobia”. Estaba todo atado y muy bien atado. El ILGA Mundo[3], todavía hoy, conserva en la lista de países libres de homofobia de Estado a Guinea Ecuatorial gracias a la influencia de la industria propagandística de la élite política gubernamental, más la indiferencia de los partidos políticos de la oposición sobre este tema.

Hasta el año 2019 Somos parte del Mundo[4] llevaba cuatro años trabajando en el campo y manteniendo un perfil bajo. Enterraba cadáveres de homosexuales en silencio, fallecidos por causas estructurales que los poderes públicos están en el deber de resolver en el marco de la universalidad de los derechos humanos. Además de enterrar cadáveres, las víctimas de torturas, prácticas crueles, inhumanas y degradantes se escondían, por miedo a las Fuerzas Armadas y Cuerpos de Seguridad del Estado, hasta que llegó el cambio.

En el año 2019 Naciones Unidas le recomendó a Guinea Ecuatorial que legislara con el fin de proteger a las minorías sexuales. Y el ejecutivo empezó a trabajar. El primer paso, contundente, se institucionalizó con un plan de acción aprobado en un Consejo de Ministros. El 8 de julio el gobierno aprobó el Decreto número 94/2019, constituyendo una comisión encargada de elaborar el anteproyecto de la ley reguladora de la prostitución y el derecho de los homosexuales en Guinea Ecuatorial[5], todavía en proceso de aprobación. El preámbulo del decreto define la homosexualidad como una práctica descontrolada, exhibicionista y propagandística, que atenta contra la cultura y moralidad pública, y contradice varios artículos de la Constitución.

El primer ministro de entonces, Pascual Obama Asue, pronunció varios discursos de apología de la homofobia, destinados a amedrentar a las personas físicas y jurídicas LGTBIQ+ visibles. Las Fuerzas Armadas y Cuerpos de Seguridad del Estado acorralaron barrios y viviendas habitadas por homosexuales, encarcelaron a algunas chicas transgénero, y provocaron que otras se escondieran. Segundo paso y broche de oro.

El broche de oro llegó con el discurso de la primera dama, doña Constancia Mangué Nsue Okomo, con ocasión de la conmemoración del 30 aniversario de la Convención de los Derechos del niño, incitando a combatir la homosexualidad femenina porque entre otros males, “está pervirtiendo a las/los niñas/os[6]”. La maternidad forzada, una terapia de conversión vigente en el país y prohibida por ONU Mujeres por constituir una práctica nociva para la salud de las mujeres, formó parte de las recomendaciones que la pareja del jefe de Estado les hizo a las mujeres lesbianas y hombres transgénero, animándolas a reproducir descendientes en abundancia, entrar en matrimonios con varones heterosexuales, y poblar el país, teniendo en cuenta que apenas alcanza el millón de habitantes en cifras reales.

Hasta hoy, 17 de mayo, Día Internacional de Lucha contra la LGTBIQ+fobia, la protección de los derechos de las minorías sexuales está amarrada con puño de hierro en la presidencia de la República y por personas concretas. No se aborda en el marco de los derechos humanos. Está considerado un asunto que solo preocupa a los blancos, por lo que se ha colocado en el tablero de ajedrez como instrumento de presión y de negociación con Occidente. Y por esta razón está prohibido de facto un debate abierto sobre minorías sexuales con enfoque reivindicativo: la visibilidad/presentación de un informe de esta magnitud en territorio nacional es imposible. Los partidos políticos no contemplan a las personas homosexuales como ciudadanos/as. Tampoco incluyen en la agenda política los problemas que sufren como preocupaciones de Estado.

El Informe Estamos solas en este mundo. Tortura, Tratos Crueles, Inhumanos y Degradantes contra las Minorías Sexuales en Guinea Ecuatorial, ha sido elaborado por la politóloga Trifonia Melibea Obono con el asesoramiento de la Asociación Somos parte del Mundo y la Comisión Ecuatoguineana de Juristas. El trabajo de campo, financiado por la organización EG Justice, duró un año y medio, hasta que hoy se ha publicado, con la colaboración de la Fundación Pedro Zerolo, Acción Triángulo, la Comisión Europea en España y otras organizaciones.  

Doce personas respaldadas por el anonimato narran experiencias propias y de otras víctimas en el informe. Por primera vez hablan de encarcelamientos ilegales, de detenciones arbitrarias, de las torturas, de las redadas policiales, de los desalojos forzados, etc., cuyos promotores son las comunidades de vecinos, las estructuras del Partido Democrático de Guinea Ecuatorial, la directiva de la Asociación Hijos de Obiang (ASHO), los alcaldes, los delegados de gobierno, los gobernadores y las Fuerzas Armadas y Cuerpos de Seguridad del Estado, integrados en la Vicepresidencia encargada de la Defensa y Seguridad Nacional.

La Organización Mundial de la Salud eliminó la homosexualidad de la lista de enfermedades mentales en el año 1990. Tres décadas después las leyes y las costumbres de Guinea Ecuatorial todavía definen la diversidad sexoafectiva como una enfermedad, un virus contagioso, un peligro social que combatir, un mal social importado de los países de los blancos, una moda copiada de las redes sociales, una práctica brujeril, etc. En el marco de esta inseguridad jurídica actúan las fuerzas del orden público.  

El Ministerio de Seguridad Nacional se cita en el informe como lugar de tortura por excelencia, seguido de la Gendarmería Nacional, más las entidades menores que dependen de las dos instituciones. El informe se ha elaborado con el fin de visibilizar la implicación del Estado en la implementación de la tortura, prácticas crueles, inhumanas y degradantes contra la comunidad LGTBIQ+ de Guinea Ecuatorial a pesar de haber ratificado tratados y aprobada normativa interna que prohíbe la implicación de los poderes públicos en estas prácticas. Los policías, los gendarmes, los militares, testifica una muchacha transgénero de 24 años, actúan con impunidad. Un brigada de las fuerzas terrestres, quien conducía un coche sin matrícula, intentó atropellarla en el barrio Alcaide de Malabo en el año 2020. Después de una pelea la metió presa en el Ministerio de Seguridad durante al menos cinco días, con una advertencia: “Te voy a demostrar quién soy. Personas como vosotras no deberíais vivir ni existir. Eres un error de la naturaleza”. Y añade que “los insultos, las humillaciones y las burlas, se produjeron a diario. En dos ocasiones fui torturada —me golpeaban con la porra en el culo— y la fase de la violencia sexual, dijeron entre risas, se la reservaban a los presos porque me alojaron con los varones, en la misma celda”.  

La adolescente transgénero Lesly, de veintitrés años, llegó a la ciudad de Malabo hace un par de años con ayuda de un mando del ejército, miembro de la red de trata de personas LGTBIQ+. “Cuando llegas a Malabo cambia el acuerdo. Esta persona se acuesta contigo. Trae a su amigo y le atiendes sexualmente. Trae a otro amigo le atiendes, etc. En fin, es una cadena de señores que debes atender sexualmente. Estos señores constituyen una red. Y, es más, son militares de alto rango. Quién le cuestiona a un militar en Guinea Ecuatorial. Los jueces (civiles) no tienen poder frente a ellos. Ningún poder público puede contra ellos. El jefe de Estado es militar y todas las personas que ejercen la misma profesión que él tienen inmunidad”.

Juan es un chico transgénero de 22 años que a su vez se identifica como lesbiana. Su hermano, un ministro, ordenó que le encarcelaran en una comisaria del barrio Mbangan, ciudad de Bata, como terapia de conversión. “Esta chica es una lesbiana, delincuente, representa desorden público, zurradla”. Hasta la cárcel fue conducida por un vehículo policial. Su hermano organizó una redada solo para ella. Explica que “la policía fue tan violenta que toda la piel de mis nalgas se fue. Yo olía viva. Para empezar, ordenaron que me tumbara al suelo, contesté que no lo hacía. Me agarraron, pero estaban borrachos, los policías de guardia. Me tuve que defender, y mi hermano, quien se quedó de pie en la puerta, les echó una mano. Algunos me sujetaron las manos, otros los pies, y mi hermano mayor colocó su pierna encima de mi vientre. Los golpes llegaron antes a mis pies, luego a mi pecho. Mas tarde me colocaron boca abajo y las nalgas, mías, se llevaron lo suyo. Pasé la noche en una celda y al día siguiente empecé a vomitar sangre, mi nariz también goteaba sangre”.

El principal indicador de una mujer lesbiana, testifican dos víctimas, es el tatuaje. Los agentes del orden público no siempre las encarcelan, proponen alternativas después de redadas, que son frecuentes. “A cambio de no meternos en prisión, propusieron que nos desnudáramos y folláramos delante de ellos, que lo querían ver”, revela otra víctima, y añade que los agentes de seguridad, a la pregunta de por qué encarcelan a personas LGTBIQ+, responden que les envía el jefe de Estado.

Las víctimas denuncian que reciben de los agentes de seguridad un trato que ignora sus derechos de ciudadanía, que no aplican las leyes, y que desconocen la resolución que eliminó la homosexualidad de la lista de enfermedades mentales en el año 1990, promovida por la Organización Mundial de la Salud.


[1] Testimonio disponible en la página 14 del informe “Estamos solas en este mundo. Tortura, Tratos Crueles, Inhumanos y Degradantes contra las Minorías Sexuales en Guinea Ecuatorial”.  La víctima fue torturada en Guantánamo, Ministerio de Seguridad.

https://drive.google.com/file/d/1iLIiQEK5dfFTuCmbwH9jISWrNeGVPK4L/view?usp=drivesdk.

Informe disponible en este link.

[2] Sigla que identifica al movimiento social homosexual. Se descifra a partir de las siguientes orientaciones sexoafectivas: lesbianas, gais, transgénero, bisexuales, intersexuales, queer y otras maneras diferentes de amar que rechazan las etiquetas. 

[3] El ILGA mundo es una federación de organizaciones de la sociedad civil que trabajan a favor de los derechos humanos de las personas LGTBIQ+. Está integrado en las Naciones Unidas a través del ECOSOC.

 [4] Somos Parte del Mundo es una asociación que trabaja en la defensa de los derechos de las mujeres y de las personas homosexuales. Fundada en el año 2016, se desenvuelve en un entorno de homofobia jurídica y cultural recalcitrante cuyo indicador fundamental es la negativa de los poderes públicos a legalizar la asociación siete años después de ser fundada por el diplomático y escritor Luis Melgar Valero.

[5] http://diariorombe.es/se-filtra-elanteproyecto-de-ley-con-polemicas-medidaspersecutorias-contra-la-homosexualidad/

[6] https://www.asodeguesegundaetapa.org/donaconstanciamangu%C3%A9deobianghablodehomosexualidadydeladelincuenciajuvenilenlagaladel30aniversariodelaconvenci%C3%B3nsobrelos*derechosdelni%C3%B1ofemina/   

Radio Macuto Facebook

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *