EG Justice, la Comisión Ecuatoguineana de Juristas (CEJ) y el Centro de Estudio e Iniciativas de Desarrollo (CEID) piden al gobierno de Guinea Ecuatorial que adopte y financie plenamente una respuesta transparente basada en datos y en la ciencia a la pandemia COVID-19, y que respete y proteja los derechos, incluidos los derechos económicos y sociales de los ecuatoguineanos más vulnerables durante estos tiempos difíciles.
El 21 de marzo, Guinea Ecuatorial aprobó mediante un decreto presidencial un fondo de 8,2 millones de dólares para combatir la propagación del Coronavirus en la nación. El mismo decreto instaba a «las empresas públicas y privadas, las organizaciones no gubernamentales, los empleados públicos y privados y el público en general» a contribuir voluntariamente al fondo. En los días siguientes, el gobierno ha dado a conocer el número de casos positivos confirmados (15 hasta la fecha) en el país, aunque una declaración no confirmada del entrenador del equipo nacional de fútbol masculino, citando al médico del equipo, que también trabaja en el hospital nacional, cifró las cifras reales en más de 100 casos positivos.
Según Tutu Alicante, Director Ejecutivo de EG Justice, «el Presidente Obiang, el Jefe de Estado que ha gobernado durante más tiempo en el mundo, ha dilapidado la riqueza de la nación en proyectos de elefantes blancos en lugar de construir clínicas de salud, escuelas o proyectos sociales, como el de abastecer a la población de agua corriente limpia, lo que repercutiría positivamente en los medios de vida de las masas o los mejoraría«.
Entre los más vulnerables del país se encuentran los presos, donde la falta de saneamiento básico y la superpoblación es un rasgo común.
«El gobierno debería liberar a cualquier persona que esté detenida sin cargos y asegurar que los que están en las instalaciones carcelarias estén totalmente protegidos de la pandemia como recomienda la ONU«», declaró un portavoz de la CEJ. «El gobierno debe reconocer el auténtico peligro que supone esta pandemia y aprovechar la oportunidad para reducir la agonía de las familias y los presos que sufrirían un dolor innecesario debido a la falta de atención médica, alimentos y otras comodidades esenciales«.
A pesar de situarse entre las tres naciones africanas con el mayor PIB per cápita, el gobierno de Guinea Ecuatorial ha obtenido una mala puntuación en el Índice de Desarrollo Humano y ha gastado sistemáticamente menos del 2% de su presupuesto en atención sanitaria. Los hospitales del país generalmente carecen de personal adecuadamente capacitado, las condiciones sanitarias son aborrecibles y el acceso a una atención adecuada es casi inexistente.
«Es difícil entender porqué el gobierno da una respuesta tan insuficiente a una pandemia que se extiende por todo el mundo y que afecta a todas las esferas de la vida humana en nuestro país«, ha dicho Alfredo Okenve, Vicepresidente del CEID. «Este es un gobierno que no tuvo problemas en pagar 20 millones de dólares para financiar la construcción de una sede para el Centro Africano de Seguridad e Inteligencia, y dio millones de dólares a la UNESCO para crear un premio, a Francia para la reconstrucción de Notre Dame, y a China para luchar contra COVID-19«.
Mientras los jueces franceses confirmaban la condena del Vicepresidente ecuatoguineano, Teodorin Nguema Obiang, por malversación y blanqueo de millones de euros en Francia, éste estaba recomprando vehículos de lujo que Suiza le había confiscado. Simultáneamente, el FMI estaba aprobando un préstamo de 282,8 millones de dólares a Guinea Ecuatorial. Sin embargo, las imágenes que han surgido sobre la respuesta del gobierno son las de los vendedores del mercado de frutas y verduras descartadas en el suelo como resultado de una redada policial.
La gravedad del momento exige que el gobierno de Guinea Ecuatorial sea mesurado y totalmente transparente; pide a las autoridades que tomen todas las medidas necesarias para garantizar que todos los ecuatoguineanos, los pobres, los vulnerables, los prisioneros, los desempleados, todos tengan acceso a alimentos y atención médica gratuitos. Es fundamental que la garantía de la obligación de «cumplir» los derechos económicos y sociales venga acompañada de la garantía de la obligación de «respetar» los derechos civiles y políticos, lo que incluye a las personas encarceladas sin el debido proceso. Los hospitales y clínicas públicas y privadas deben estar adecuadamente equipados y desinfectados, y los ciudadanos deben tener acceso a agua limpia para lavarse las manos. Pero también, las fuerzas de seguridad deben abstenerse de usar la violencia para atacar a los más vulnerables.
Para más información
En Madrid, para CEID, Alfredo Okenve (Spanish, French): +34 698 326 362 (mobile); or alkendo1968@gmail.com
En Chapel Hill, para EG Justice, Tutu Alicante (Spanish, English, French): +1-615-479-0207 (mobile); or tutu@egjustice.org. Twitter: @TutuAlicanteShare on PinterestShare on LinkedinShare on TwitterShare on Facebook