El Observatorio de Derechos Humanos APROFORT denuncia amenazas a los derechos LGBTI en Guinea Ecuatorial

Un nuevo proyecto de ley sobre la prostitución y los derechos de los homosexuales en Guinea Ecuatorial es inconstitucional y debe ser retirado. Es la evaluación de los expertos, que señalan la discriminación basada en la orientación sexual.

El estudio del Observatorio de Derechos Humanos y Buen Gobierno de APROFORT recomienda al Gobierno de Guinea Ecuatorial que retire el proyecto de ley sobre la prostitución y los derechos de las personas LGBTI (lesbianas, gays, bisexuales, transexuales e intersexuales), ya que varios artículos del documento son inconstitucionales y contrarios a los compromisos internacionales asumidos por el país.  

La recomendación es el resultado de un análisis jurídico del mencionado proyecto de ley realizado en el marco del proyecto APROFORT, financiado por la Unión Europea, cuya aplicación durante dos años es responsabilidad de Transparencia e Integridad – Asociación Cívica (TI-PT).

Karina Carvalho, directora ejecutiva de esta organización no gubernamental, está preocupada por el significado del documento, que está siendo discutido por el Parlamento de Guinea Ecuatorial.

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Karina Carvalho: “La homosexualidad no es un delito

Lo que vemos en particular en este proyecto de ley es una asociación entre la prostitución y los derechos LGBTI. Sin embargo, esta asociación ya es un error, porque la homosexualidad no es un delito y las personas y colectivos LGBTI no pueden ser perseguidos por su defensa de la identidad de género“, argumenta la activista.

Respeto de los derechos y libertades

Según el análisis, los derechos, libertades y garantías fundamentales no se respetan en el nuevo proyecto de ley.

Según Karina Carvalho, esta propuesta acaba estableciendo el principio de discriminación contra las personas y colectivos LGBTI, “que pueden ser acusados y tratados como exhibicionistas o como personas que actúan contra la identidad moral de la sociedad o la moralidad del orden público“.

Transparencia Internacional está operando actualmente una clínica jurídica en Guinea Ecuatorial que está haciendo un seguimiento de los casos de discriminación y persecución de activistas y colectivos, pertenezcan o no a la comunidad LGBTI.

Ahora también estamos recogiendo contribuciones de las organizaciones de derechos LGBTI en Guinea Ecuatorial», afirma la activista. «Hay activistas, algunos de los cuales no viven en Guinea Ecuatorial por razones obvias, y nuestro objetivo es, en el próximo semestre, empezar a interactuar con otras organizaciones de derechos LGBTI en la CPLP [Comunidad de Países de Lengua Portuguesa], o con organizaciones de referencia en este campo en Portugal“.

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Más respeto en el espacio lusófono.

Karina Carvalho afirma que la buena noticia es que la homosexualidad ya no está siendo criminalizada en el área lusófona.

El problema es cómo los contextos normativos de cada país incorporan las que son las mejores prácticas internacionales“, añade, “sobre todo porque en algunas circunstancias [la homosexualidad] sigue considerándose un delito sexual o, al menos, contrario al orden público“.

En opinión de Transparencia Internacional, “la CPLP tiene que realizar una labor más sostenida sobre esta cuestión” a nivel de los centros de coordinación de las cuestiones de género.

Creo que sería muy importante involucrar específicamente a la Secretaría Ejecutiva de la CPLP en el debate sobre las políticas de igualdad de género en el contexto de la Comunidad y sobre la forma en que los países pueden compartir buenas prácticas“, aconseja Karina Carvalho.

DW África se ha puesto en contacto con la Secretaría Ejecutiva de la Comunidad de Países de Lengua Portuguesa (CPLP), una organización de habla portuguesa con sede en Lisboa, que no ha querido hacer comentarios sobre el tema.

Compromiso del Gobierno

En 2019, durante el Examen Periódico Universal de las Naciones Unidas, el Gobierno de Guinea Ecuatorial se comprometió a combatir la estigmatización y la discriminación por motivos de orientación sexual y a erradicar la tortura contra este grupo.

Pero para Ana Lúcia Sá, académica del Centro de Estudios Internacionales del ISCTE-Instituto Universitário de Lisboa (CEI-IUL), este proyecto de ley constituye «un gran retroceso» en el país. La investigadora, cuyos estudios se centran en los regímenes autoritarios de África, con énfasis en Angola y Guinea Ecuatorial, recuerda que existía un vacío legal que no protegía ni criminalizaba a las minorías sexuales.

En este caso se trata de un proyecto de ley que va en contra de todos los movimientos que han existido, incluso por parte del propio gobierno, en el sentido de una mayor apertura legal. Sé que se está llevando a cabo una revisión del Código Penal para que deje de ser el Código Penal heredado de la colonización“, dice.

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Ana Lúcia Sá: “Este proyecto es inconstitucional

Advertencia “oportuna”.

Para la académica portuguesa, también es inquietante la forma en que se mezclan en un mismo proyecto cuestiones de moralidad en las esferas pública y privada, algo que no tienen precedentes en el país. Ana Lúcia Sá considera la advertencia de Transparencia Internacional «bastante oportuna», pero añade: “Tengo dudas de que contribuya a cambiar algo, por la propia forma en que funciona el régimen de Guinea Ecuatorial“. 

La Constitución de Guinea Ecuatorial, que fue sometida a referéndum en 2011, protege a los distintos grupos de la discriminación. Por lo tanto, este proyecto es inconstitucional. Además, en Guinea Ecuatorial no hay independencia de los órganos. El Parlamento no es un órgano legislativo independiente de los demás poderes. Incluso una ley que sea inconstitucional, puede ser aprobada y puede ser puesta en práctica», añadió.

La investigadora dice que la advertencia también tiene sentido porque es una ley que discriminará a un grupo ya muy vulnerable, a saber, la población LGBTI, que, en su opinión, “merece otro marco de no discriminación“.

La realidad africana

La académica señala la situación en ciertos países del continente africano, en particular en los países anglófonos, donde continúa la estigmatización de las personas LGBTI. Señala que también en Guinea Ecuatorial sigue habiendo una estigmatización de estos grupos, que “empieza en el hogar, empieza en la escuela, actos de violencia de diversa índole: violencia psicológica y violencia física“.

Tras el debate de hace muchos años sobre la abolición de la pena de muerte, cuyo proceso no ha concluido, Guinea Ecuatorial está debatiendo actualmente un nuevo Código Penal que sustituya al de 1963. Ana Lúcia Sá sostiene que, en este contexto, este proyecto de ley va a contracorriente en el marco de la apertura que ha existido en el país para la aplicación de leyes menos punitivas y más protectoras para los grupos ya de por sí vulnerables.

El objetivo principal de APROFORT es proporcionar a la sociedad civil y a los activistas más vulnerables de Guinea Ecuatorial apoyo, protección y capacitación en materia de derechos humanos y buen gobierno para promover y alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible.

DW

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