En una publicación anterior, poníamos de manifiesto la convergencia entre la cruzada contra la sucesión dinástica iniciada por el dictador a favor de TNO, y el larvado proceso de afianzamiento de la sucesión dinástica alternativa preconizada por las industrias extractivas a favor de su hermanastro Gabriel Mbega Obiang Lima, alias «MOL«. En la medida en que la consecutiva desacreditación internacional del primero redundaba a favor de las inconfesadas veleidades políticas del segundo. Sosteníamos a tal efecto que ambas campañas, concomitantes y contrapuestas (las acciones jurídicas iniciadas contra TNO ante el senado americano y las justicias americana, suiza y francesa, y la inducción mediante falacia de una opinion política favorable a MOL tenían como finalidad perpetuar la actual dictadura militar de Teodoro Obiang, a través de un gobierno liderado por MOL y coaligado con organizaciones de la sociedad civil, previamente cooptadas por ONG internacionales. Un ensamblaje político que se presentía mas favorable a las pretensiones especulativas internacionales en torno a los recursos mineros de nuestro pais (petroleo, gas y minerías).
De tal manera que el desenlace de la pugna sucesoria entre TNO y MOL se supeditaría a la aptitud del ultimo (y de sus enlaces) a preservar y priorizar los intereses económicos de los referidos especuladores financieros, tales como el multimillonario hungaro-americano George Soros, cuyas fundaciones financiaron la campaña de acciones jurídicas desplegadas contra la dictadura y su heredero putativo, en el marco de la «estrategia de la transparencia». Una estrategia fundada en la denuncia sistemática de violaciones de derechos humanos y de malversación de caudales públicos, cuya finalidad es la desestabilización de los gobiernos hostiles y la promoción de alternancias políticas favorables a los intereses económicos de los especuladores internacionales, cuya eficacia ha sido probada con anterioridad en numerosos países del continente africano.
La estrategia de la transparencia versus las sociedades cerradas.
En su concepcion original (Karl Popper, «la sociedad abierta y sus enemigos»), la noción de «sociedad abierta» representa un manifiesto contra el totalitarismo y una exaltación de la libertad individual como cimiento de la democracia liberal (opuesta al determinismo historico preconizado por Platon, Hegel y Marx). En aras de su materialización, la referida «estrategia de la transparencia» persigue como finalidad la erradicación de todas las «sociedades cerradas» (aquellas regidas por gobiernos reacios a la especulación financiera) y su suplantación por «sociedades abiertas«, democráticas y capitalistas, promovidas por la sociedad civil internacional. Siempre que a tenor de dicho credo ideológico la «sociedad abierta» representa la organización político-económica ideal, apta a erradicar las lacras de la pobreza y del subdesarrollo en el tercer mundo, justificándose por tanto su generalización por razones humanitarias (promoción de la prosperidad, de los derechos humanos y de la democracia).
En la «sociedad abierta ideal«, las normas jurídicas (propiciadas al objeto de garantizar la seguridad y la estabilidad del mercado financiero) emanan de las organizaciones internacionales y se «nacionalizan» mediante su reapropiación por la sociedad civil. Desde dicha premisa, el mutimillonario Georges Soros («The deficiencies of global capitalism, in on globalization«) estima que «la democracia y la sociedad abierta solo pueden imponerse desde el exterior, porque el principio de soberanía se opone a la injerencia externa» y preconiza a tal efecto una «sociedad abierta» articulada en torno a la dicotomía de la limitación de la soberanía estatal y del empoderamiento de la sociedad civil. Lo cual, ha de realizarse mediante la estructuración de la sociedad civil en tres areas principales de influencia : los medios de comunicación (en tanto que vectores de opinion), los movimientos ciudadanos (como respaldo de acciones políticas) y las ONG (como catalizadores del cambio).
En aras de su efectividad, Soros creará a partir del año 1979 un entramado de fondos (siendo el primero el Open Society Fund) y fundaciones(Open Society Institute ahora denominado Open Society Foundations, Human Rights Watch, Open Society Policy Center, OSIWA, OSISA, etc) al objeto de financiar y articular la labor de las ONG encargadas de propiciar el advenimiento de la «sociedad abierta ideal«. Lo cual debe llevarse a efecto mediante la supresión de los intereses nacionales específicos, y la traslación de la soberanía nacional a una estructura política y financiera internacional.
Las expuestas proyecciones ideológicas constituyen el telón de fondo del desmantelamiento de los regímenes políticos de las antiguas repúblicas socialistas soviéticas de Europa del este. El cual fue coordinado por la nebulosa de ONG emanadas de las fundaciones de George Soros, y por otras afines, dedicadas a la promoción de la democracia, tales como el National Endowment for Democracy (NED), el National Democratic Institute for International Affairs, el Freedom House (ligada a la World Anti-communist League, al Movimiento de Resistencia Internacional, y a algunas organizaciones gubernativas como Radio Free Europe o la CIA), etc.
En nuestro pais en concreto, las acciones desestabilizadoras desplegadas contra la dictadura (considerada por soros como una «sociedad cerrada«) y su heredero putativo lo fueron esencialmente por ONG internacionales (Transparency International, Sherpa, Human Right Watch, Amnesty International, Global Witness, EG Justice, etc) vinculadas con las referidas fundaciones de soros y con los fondos que las sustentan (Quantum Fund of Funds gestionado por la firma Soros Fund Management LLC, y el Soros Fund Management, domiciliadas en paraisos fiscales y gestionadas a través de sociedades pantalla offshore, desde la más rigurosa opacidad).
En efecto, por prolija, no requiere abundarse la información relativa a la acción especulativa desplegada por George Soros en el mundo entero (nunca exenta de un asomo de corrupción). Toda vez que adquirió su reputación internacional al crear los «hedge funds» y por su implicación en la burbuja financiera japonesa a partir de los años 70, y sobre todo por su acción especulativa contra la libra esterlina en 1992, la cual conllevaría una crisis monetaria en el Reino Unido. La fortuna de George Soros proviene igualmente de sus numerosas operaciones especulativas en el continente africano, en países en los que la acción de sus fundaciones (y de la nebulosa de ONG afiliadas a las mismas) ha conllevado cambios politicos favorables a sus intereses (Costa de Marfil, Senegal, Guinea, Suráfrica, Sierra Leona, etc), y en los que ha realizado cuantiosas inversiones. En el sector de la energía, el multimillonario Soros está presente en el continente africano a traves de la firma APR Energy, en el de las telecomunicaciones a traves del fondo Helios Investment Partners (HIP) con participación en Telkom Kenya y Helios; en el sector agro alimenticio, Soros se ha asociado con las firmas Bayer, Agrium Inc. e Industries Holding Inc. En el sector de las industrias extractivas, Soros ha realizado igualmente numerosas inversiones en el continente africano, desde la minería con la firma de su propiedad Barrick Gold y Acacia Mining, la distribución de carburante a traves del fondo Helios Investment Partners (HIP) con participación en las firmas Vivo Energy, OVH Energy y el gigante Vitol Energy, Oando ou Eland Oil & Gas), etc y etc.
La ITIE, de la función fiscalizadora a la potestad normativa de la sociedad civil.
La descrita estrategia de instauración de la transparencia y de la buena gobernabilidad (a los fines de la expansión especulativa en el continente africano) se ha focalizado especialmente en los países ricos en recursos mineros (gas, petroleo y minería). En dicho ámbito, la Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extrativas (ITIE) constituye un hito importante en el advenimiento de la «sociedad abierta«. En la medida en que marca el inicio del envolvimiento de la sociedad civil, no solo en la fiscalización del manejo de los caudales públicos (recursos provenientes de la comercialización del gas, del petroleo y de las minerías), sino también en la elaboración de una normativa supranacional encomendada a la Organización de las Naciones Unidas y a los organismos de Breton Woods. En tal sentido, la ITIE trasluce una innegable injerencia de la sociedad civil en el ejercicio de las prerrogativas soberanas de los Estados. Una postura afirmada explicitamente por el entonces primer ministro británico Anthony Charles Lynton Blair (mas conocido como Tony Blair) en un discurso pronunciado ante la cumbre de la ONU en septiembre de 2005, en el que aseveraba que » con ocasión de esta cumbre, por primera vez convenimos que los Estados no tienen el derecho de hacer lo que quieren en el seno de sus propias fronteras, sino que nosotros, en nombre de la humanidad, tenemos el deber de proteger a los pueblos cuando sus gobiernos se niegan a hacerlo», fin de cita
En efecto, la ITIE fue propiciada en 2002 por George Soros y su fundación Open Society Foundation, y por el precitado ex primer ministro británico Tony Blair (afiliado a los anteriores), al margen de la cumbre de Johannesburg sobre el desarrollo sostenible. Los doce principios que conforman su lineamiento ideológico serian presentados y adoptados posteriormente con ocasión de una conferencia celebrada en Londres el 17 de junio de 2003, un evento fundacional al que asistieron 140 delegados en representación de 70 gobiernos, empresas, grupos industriales, organizaciones internacionales, inversores y ONG. Al termino del mismo, la ITIE se incorporo finalmente como una organización sin animo de lucro de derecho noruego, encargada de supervisar el cumplimiento de una normativa común.
Sin embargo, la estructuración de una sociedad civil transnacional en torno a la transparencia de las industrias extractivas no es ex nihilo, sino que se inscribe en la continuidad de acciones anteriores tendidas a la materialización de la «sociedad abierta». Las mismas estriban en la denuncia sistemática de las practicas corruptivas que inducen el empobrecimiento de los países en via de desarrollo, y en la sensibilización de la opinion publica acerca de la necesidad de requerir la transparencia en la gestion de recursos estatales. Mereciendo remarcarse al efecto la precursora labor de la ONG Transparency International (vinculada a soros), a traves de la publicación de un Indice de Percepción de la Corrupción.
La acción de Transparency International seria reforzada a partir del año 1996 por una coalición de ONG internacionales (liderada por Global Witness y Human Rights Watch), propiciada por soros y su fundación Open Society Institute. Desde entonces el entramado de ONG ligadas al multimillonario centrara su acción en la denuncia de la opacidad imperante en el ámbito de las industrias extractivas, plasmándolo en informes con una repercusión mediática sin precedentes, tales como el titulado «Informe contra los diamantes de sangre o de guerra» y «A crude awakening» (publicado en 1999). En relación al sector diamantífero, la referida labor precursora auspiciaría, en el año 2000 y al amparo de la ONU, la adopción de una iniciativa internacional denominada «Sistema de Certificación del Proceso de Kimberley» destinado a proteger la imagen de la industria diamantífera (deteriorada por los diamantes de sangre).
La revelación de la malversación de los ingresos provenientes de las industrias extractivas alcanza su paroxismo con la campaña «Publish What You Pay«, iniciada en 2002 por Georges Soros a traves de una coalición pletórica de ONG, entre las que sobresalen Open Society Foundation, Global Witness, Transparency International, Revenue Watch Institute, Catholic Relief Services, CAFOD, Save the Children UK et OXFAM UK. Dicha campaña, plantea por primera vez la exigencia de publicidad de los ingresos petroleros y su puesta a disposición de la sociedad civil. Al tiempo que pone de manifiesto la correlación entre la opacidad en la gestion de los recursos petroleros, la corrupción y la malversación de fondos públicos, la violación de los derechos humanos y los derechos medioambientales, el subdesarrollo y el desacierto de las políticas económicas, en tanto que corolario de la «maldicion de las materias primas» .
Posteriormente, la descrita labor de concienciación alcanzara nuevas cotas con la campaña a favor de la condonación de la deuda de los países africanos (Iniciativa de los Países Pobres Muy Endeudados, en anagrama PPME), cuya finalidad es asistir a los países mas pobres del mundo en aras de la sostenibilidad de sus deudas. En el referido marco, los financiadores (bilaterales y multilaterales) convienen por primera vez que la abundancia de recursos extractivos debía permitir a los países pobres salir del endeudamiento y desarrollarse. A cuyo efecto, debía requerirse una optimización de la gestion de los ingresos derivados de la exportación de los recursos en general, y de los recursos extractivos en particular, en aras precisamente de la erradicación de la pobreza y del subdesarrollo. En tal sentido, se estimaba acertadamente que los multiples escándalos de corrupción registrados en el sector extractivo (favorecidos por la opacidad) justificaban la adopcion de iniciativas internacionales como la ITIE que apuntan a la «paradoja de la abundancia» en las industrias extractivas.
En efecto, la ITIE surge de la constatación de la masiva defraudación de la renta petrolera por los detentores del poder político en numerosos países del tercer mundo. De tal manera que la explotación de recursos minerales no contribuye al crecimiento económico ni al desarrollo social sino a su propio enriquecimiento (un escenario que encuentra su fiel reflejo en el contexto de nuestro pais). Ver al efecto la teoría de » la maldición de los recursos» (ressources curse, Richard Audit, 1990). El continente africano, en particular, se caracteriza por la importancia cuantitativa y cualitativa de su potencial extractivo (valor de las reservas de sus recursos naturales del subsuelo) determinable mediante la evaluación de los beneficios potenciales reales que produce o puede producir. Pero paradojicamente, en lugar de constituir una fuente de desarrollo económico y humano para dichos países, tales recursos no permiten el emprendimiento del desarrrollo económico, y a menudo aparecen como una fuente de maldición para dichos países. Averandose consiguientemente la necesidad de redefinición de la normativa rectora de las actividades extractivas acorde al nuevo estándar internacional de transparencia. Toda vez que, conforme exponemos, los factores de gobernabilidad constituyen los determinantes fundamentales de la paradoja de la riqueza en el continente africano. La insuficiente trazabilidad de los ingresos petroleros y mineros, la prevaricación y la distracción de los fondos públicos, su utilización a fines de conservación del poder politico, el fraude fiscal y la opacidad generalizada, se conjugan en efecto para explicar a la vez la persistencia de la pobreza y del subdesarrollo, y la inestabilidad política.
El activismo de las ONG internacionales se enmarca en el referido contexto socio-económico y en la derivada necesidad de definición de una normativa internacional de gobernabilidad financiera tendida a la optimización de la gestion de los ingresos extractivos. En tal sentido, la descrita iniciativa marca el empoderamiento de una sociedad civil internacional en aras de la lucha contra la corrupción de los detentores del poder politico en el tercer mundo. Un reconocimiento propiciado por el presidente de los Estados Unidos, Bill Clinton («New Democrats») y por el primer ministro del Reino Unido, Tony Blair (» New Labour»). Desde entonces, otras potencias occidentales (Australia, Canada, Suecia, noruega, Alemania, Francia, Bélgica, Países bajos, Italia y España) privilegiaran en lo sucesivo la asistencia al desarrollo mediante la participación de la sociedad civil, partiendo del axioma fundado en la relación entre la prevalencia de la opacidad y la perenización de la pobreza y del subdesarrollo (François Gaulme «Le sursaut africain du New Labour : principes, promesses et résultats» Afrique contemporaine, n° 207).
La ITIE y la potestad normativa
De conformidad con el anterior axioma, según el cual la prevalencia de la opacidad en la gestion de los recursos estatales contribuye a la perenización de la pobreza y el subdesarrollo del tercer mundo, la ITIE se enmarca en el designio de erradicción de las referidas lacras socio-económicas. A tal efecto, y a través de la evaluación del grado de transparencia de los Estados en la gestion de los recursos provenientes de las industrias extractivas, la ITIE persigue como finalidad el establecimiento de una norma internacional relativa a la obligación de declaración de los referidos ingresos, exigible de todos los países miembros y de las empresas con participación pública. Dicha norma transnacional ITIE conllevaría por tanto la consiguiente obligación de conformación de las normas nacionales (que prefigura la adopción de la ley Dodd-Franck en los Estados Unidos, y de las directas UE sobre transparencia y contable), extendiéndose la exigencia de transparencia a todo el proceso, desde la concesión de licencias de explotación hasta la redistribución de la riqueza, al objeto de evaluación de la gestion de todas las operaciones y de determinación de los beneficiarios en toda transparencia.
A tal efecto, la elaboración de los requisitos de transparencia que conforman la norma común ITIE releva de un consejo de administración integrado por los representantes de los gobiernos, de las empresas extractoras, de las organizaciones de la sociedad civil, de inversores institucionales y de organizaciones internacionales. Incumbiendo igualmente al consejo de administración determinar si los informes periódicos evacuados (puntualmente) por los miembros responden a las exigencias reguladas por la guía de validación, así como evaluar el nivel de progreso o evolución (desde “ningún progreso” hasta “progresos significativo”). En efecto, y si bien la adhesión a la ITIE es «voluntaria», los países que fuesen declarados disconformes son objeto de una nueva evaluación en función de la cual el consejo de administración debe determinar si son radiados, suspendidos o declarados simples candidatos. Toda vez que el incumplimiento de los descritos requisitos de transparencia puede acarrear sanciones por parte del Banco Mundial, del FMI o de la OMC.
En el caso concreto de Guinea Ecuatorial, instó su candidatura en la ITIE en la conferencia de Accra (en febrero de 2008). Desde entonces, la propuesta de plan de acción para la implementación de la ITIE presentada por la coordinación nacional no ha merecido la aprobación de la secretaria internacional, al estimarse que la misma incumplía con creces los fines y criterios de la ITIE. Resaltándose como principal punto de discordia la presunta falta de autonomía, de independencia y de participación efectiva de los representantes de la sociedad civil en la comisión nacional. Toda vez que los portavoces iniciales de la sociedad civil (Alfredo Okenve Ndo y Marcial Abaga Barril, en representación respectivamente de las ONG CEID y SEJOF) fueron destituidos por considerarseles activistas políticos hostiles al gobierno. Al propio tiempo, se cuestionó la neutralidad de los demás representantes de la sociedad civil, por su pretendida afiliación/coalición con el PDGE, tales como Buenaventura Monsuy Asumu (Partido de la Coalición Social Demócrata), Santiago Ondo Ntugu (Convergencia Social Democrática y Popular), Carmelo MBA BAKALE (Acción Popular de Guinea Ecuatorial) Jesús ELA ABEME (CPDS-R), Belarmino Engaman (en nombre de «Aire 2000»), Felipe Ndong Ada (ADICOR), Teodomiro Eñako (asociación de Promoción Cultural ASPC), Priscila Obono (Iglesia Presbiteriana), etc.
Epilogo
La adscripción de la sociedad civil a las funciones fiscalizadora y normativa del Estado (en el marco de la ITIE) conlleva una restricción de la potestad soberana, inconciliable con el derecho internacional. Aun cuando la misma se funda en el disfuncionamiento de las instituciones competentes para llevar a efecto dicho trascendente cometido. En tal sentido, la consecución de la requerida transparencia en la gestion de los recursos extractivos debe derivar de una reforma institucional que redunde en la restauración del control jurisdiccional de legalidad de la acción gubernativa. La cual deberá llevarse a cabo al termino de la imperante dictadura y de la consecuente remoción de los actuales detentores del poder politico que, preceptivamente deberán rendir cuenta ante la justicia por su implicación en la malversación y blanqueo de los ingresos petroleros y en la comisión de otros delitos contra el patrimonio del Estado (averada en procesos judiciales seguidos en el extranjero). En su virtud, la futura reforma del Estado debe propiciar la convergencia entre el ordenamiento nacional y las exigencias de transparencia propugnadas por el derecho internacional y por la ITIE, al tiempo que debe conferir la preceptiva capacidad institucional al sistema judicial, en aras de la prevención y de la lucha contra la malversación de los recursos del Estado.